Compra de tres edificios del Raval para proteger a los vecinos
El Ayuntamiento gasta más de 5,6 millones de euros en adquirir 41 pisos en mal estado pero sometidos a una fuerte presión inmobiliaria
El Ayuntamiento de Barcelona anunció ayer la compra de tres edificios enteros y contiguos de la calle Lancaster, en el barrio del Raval, para evitar que los actuales inquilinos tengan que abandonar las fincas como consecuencia de la fuerte presión inmobiliaria que padece esta zona de la ciudad.
El gobierno municipal, que incorporará de este modo un total de 41 viviendas al parque público de la ciudad, insiste en que se trata de una medida “excepcional” para evitar la expulsión de los vecinos, a los que ofrecerá la posibilidad de seguir alquilando los pisos a precios muy asequibles y adaptados en función de sus ingresos, siempre y cuando cumplan los requisitos necesarios para acceder a una vivienda pública.
De hecho, una vez formalizada la compra –el Ayuntamiento de Barcelona pagará a la sociedad Olopte 92 por las tres fincas de la calle Lancaster, correspondientes a los números 7,9 y 11, un total de 5.658.512 euros– los servicios sociales municipales se encargarán de hacer el diagnóstico caso por caso.
Esta adquisición por parte del Ayuntamiento de estas tres fincas de Ciutat Vella, codiciadas por posibles compradores dispuestos a hacerse con edificios enteros en zonas de alta demanda residencial, a rehabilitarlos y a reponerlos al mercado a precios mucho más elevados, se suma a la que el Consistorio efectuó hace poco en la calle Leiva del distrito de Sants-Montjuïc. De hecho, en numerosos puntos de Barcelona los inquilinos de pisos que están en el punto de mira de las inmobiliarias se están organizando para tratar de conservar sus residencias y no verse expulsados ante la imposibilidad de pagar unos precios fuera de su alcance.
En el caso de los vecinos de la calle Lancaster, ya hace meses que alertaron de la situación en la que se encontraban. La proximidad a la turística Rambla acrecienta el interés por estas viviendas que, por lo general, se encuentran en malas condiciones y requieren importantes obras de mantenimiento. En muchos caUna sos, los inquilinos tienen contratos fraudulentos por lo que, según el Ayuntamiento, su continuidad en las fincas estaría en serio peligro si los edificios continuaran en manos privadas y fueran objeto de alguna operación de compraventa.
En el caso de los tres bloques de la calle Lancaster, las negociaciones entre el Ayuntamiento y la sociedad propietaria comenzaron hace meses. La aprobación de una proposición en la Comisión de Derechos Sociales presentada por el grupo municipal de ERC, que instaba a la compra de edificios para preservar el derecho a la vivienda de personas con escasos recursos, reforzó esta tentativa que ha acabado cuajando. Aquella propuesta de los republicanos reclamaba la adquisición de otro edificio de la calle Lancaster con problemas similares, el número 13, aunque en este caso la compra, según informa el Consistorio, no ha sido posible.
de las cuestiones que se plantean tras una operación de este tipo es determinar hasta dónde puede llegar la administración pública, con unos recursos finitos, a la hora de aplicar esta medida para incrementar un parque público de vivienda que sigue siendo exiguo y que sólo cubre una mínima parte de las necesidades.
En este sentido, el Ayuntamiento aclaró ayer que han de reunirse tres condiciones: que las fincas estén ubicadas en una zona de fuerte demanda residencial y con una presión especulativa intensa sobre las viviendas en cuestión, que hayan padecido procesos de conservación coercitivos y sancionadores, y que se encuentren en una zona donde hace más de 13 años que está pendiente la ejecución de un plan especial urbanístico.