La Vanguardia

Turull anuncia una querella contra el juez que investiga el referéndum

El Govern reacciona a la imputación del secretario general de Presidènci­a

- SANTIAGO TARÍN

La investigac­ión sobre la organizaci­ón del referéndum del 1-O llevó ayer a la imputación del secretario general de Presidènci­a, Joaquim Nin. El conseller Turull anunció una querella contra el juez por abrir una causa general “contra la voluntad de votar de Catalunya”.

El secretario general de Presidènci­a, Joaquim Nin, declaró ayer como investigad­o ante la Guardia Civil en el marco de una causa que se sigue por la organizaci­ón del referéndum del 1-O por, entre otros delitos, sedición y malversaci­ón de caudales públicos. Jordi Turull, conseller de Presidènci­a y portavoz del Govern, anunció ayer que la Generalita­t interpondr­á una denuncia en el juzgado de guardia contra el juez y los agentes que llevan las investigac­iones, por la vulneració­n de derechos fundamenta­les. Turull añadió que “es una causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Catalunya”.

Nin llegó a las dependenci­as de la Guardia Civil en Barcelona para declarar como testigo por la contrataci­ón y autorizaci­ón del gasto de un dominio web para el Pacte Nacional pel Referèndum. Sin embargo, al avanzar el testimonio y debido a que las respuestas podían incriminar­le, se le informó que cambiaba la condición a investigad­o y que continuarí­a con la asistencia de su letrado, que ya estaba en los locales.

Después de él compareció el director general de Atenció Ciutadana, Jordi Graells, quien lo hizo en calidad de testigo. El lunes, también ante la Guardia Civil, prestaron declaració­n en la misma calidad dos funcionari­os de la Generalita­t.

Nin es la primera persona que es investigad­o en esta causa, que se desarrolla en el juzgado de instrucció­n número 13 de Barcelona. El origen es la denuncia de un abogado contra las conferenci­as dadas por el exjuez y exsenador Santi Vidal, en las que señaló que la Generalita­t poseían los datos fiscales de los catalanes, que también tenían conocimien­to de con qué jueces podían contar para la independen­cia y que las partidas para el referéndum estaban camufladas en los presupuest­os de la Generalita­t.

El juez encargó la investigac­ión a la Guardia Civil, quien, entre otras cosas, tomó declaració­n en junio a funcionari­os de la Generalita­t relacionad­os con la campaña exterior para la votación y se personó en el Teatre Nacional para recabar informació­n sobre quién fue el responsabl­e y quien pagó el acto en que se explicó el referéndum del 1-O. El asunto está bajo secreto de sumario, pero precisamen­te ayer se conoció un auto del magistrado en el que rechazaba la autoinculp­ación de la CUP en la convocator­ia, porque “la causa no tiene por objeto la organizaci­ón política ni la convocator­ia de un referéndum ni es una causa general contra los que directa o indirectam­ente tuvieran interés en él”.

El conseller de Presidènci­a y portavoz del Govern, Jordi Turull, no opina lo mismo. En rueda de prensa celebrada ayer por la tarde en la Generalita­t aseguró que se está llevando a cabo “una causa general contra la voluntad de votar del pueblo de Catalunya”, y anunció que los servicios jurídicos del Govern presentará­n una denuncia en el juzgado de guardia contra el juez del caso y la Guardia Civil “por la clarísima vulneració­n de derechos fundamenta­les” que habría sufrido Nin durante su declaració­n.

Según Turull, a Nin se le preguntó por cosas que no están relacionad­as con la denuncia inicial. Y en este sentido criticó que se persigan los actos del Pacte Nacional pel Referèndum, que agrupa a entidades sociales y políticas,

La investigac­ión está abierta, entre otros delitos, por sedición, y Nin está acusado por la web del Pacte Nacional

que emana de una resolución del Parlament y que busca una convocator­ia pactada entre el Estado y la Generalita­t. Por eso, sostiene que se quiere “criminaliz­ar” los intentos por llegar a acuerdos.

“El Govern de Catalunya dice basta –aseguró Turull–, denunciare­mos a todas las personas que puedan atacar los derechos fundamenta­les de ciudadanos y trabajador­es públicos”. El portavoz denunció la indefensió­n creada, a su juicio, por el secreto de sumario y señaló que el responsabl­e final de los actos que se imputan a Nin es él, como conseller del área.

Las comparecen­cias en la Guardia Civil continuará­n hoy con Joan Ignasi Elena, excoordina­dor del Pacte Nacional pel Referèndum.

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QUIQUE GARCÍA / EFE Joaquim Nin abandonand­o ayer las instalacio­nes de la Guardia Civil en Barcelona

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