Maduro mantiene la Constituyente en una Venezuela al borde del caos
Huelga general de 48 horas mientras crece la presión diplomática contra el régimen
Amplio despliegue militar de cara al voto del domingo, que la oposición boicotea y la OEA denuncia
Los venezolanos se preparaban ayer para un nuevo choque, previsiblemente el más duro, entre un régimen cada vez más autoritario y una oposición democrática que reclama elecciones presidenciales.
Los supermercados quedaron desabastecidos de productos básicos, ante el acopio por una población que ayer afrontó el primer día de un paro general que debe culminar hoy a media noche . Coincidirá así con el cierre de la campaña electoral que el chavismo ha organizado de cara a las elecciones del domingo a una Asamblea Constituyente que, si el presidente Nicolás Maduro no rectifica, supondrá el fin de la democracia en Venezuela, como ha denunciado la OEA.
La situación es tan crítica que miles de venezolanos han cruzado la frontera colombiana en busca de un refugio que les proteja de la anunciada violencia. Hay quince millones de armas ilegales en el país y el régimen, como ha quedado demostrado en estos cuatro meses de violencia, arma a grupos paramilitares que siembran el pánico entre la población. Más de cien personas han muerto en las protestas. Ayer, un hombre de 30 años murió en Mérida durante una de las marchas de protesta y el alcalde de la ciudad atribuyó la responsabilidad a los agentes de la fuerza pública.
Maduro mantiene el estado de máxima alerta militar y ha desplegado a 232.000 efectivos para garantizar el voto del domingo. Trece países de la OEA, sin embargo, le han pedido que lo reconsidere. Lo mismo ha solicitado la UE, que ayer exigió medidas urgentes que rebajen la tensión y abran de nuevo la puerta a una salida negociada. En esto anda, precisamente, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, que se ha entrevistado en Caracas con unos y otros sin que, de momento, haya trascendido algún avance.
Estados Unidos, por su parte, ha impuesto sanciones económicas a 13 altos funcionarios, militares y dique rectivos de PDVSA, la compañía petrolera estatal.
La capital volvió ayer a quedar dividida, como es habitual desde el inicio de las movilizaciones. La jornada fue más o menos normal en los barrios occidentales, más pobres y chavistas, mientras que las persianas de los comercios estuvieron bajadas y las calles cortadas en la zona oriental, más rica y antichavista.
La patronal Fedecámaras secundó el paro, pero el Gobierno obligó a los 2,8 millones de funcionarios a que fueran a trabajar y los conminó también a ir a votar el domingo.
La Asamblea Constituyente, según los planes del presidente Maduro, se reunirá por primera vez el 3 de agosto. Estará por encima del Gobierno y de la Asamblea Nacional, hoy dominada por la oposición,
se quedará sin poder efectivo. Su misión será redactar una nueva Constitución y sólo a ella le competerá decidir cuánto tiempo se mantiene en el poder.
Como la oposición democrática boicotea la Constituyente, en las papeletas sólo habrá candidatos chavistas. De ahí la alarma de que la nueva Carta Magna consolide el autoritarismo del régimen y acabe con la democracia en Venezuela.
La Asamblea estará formada por 545 delegados. De ellos, 173 serán elegidos por los sindicatos, los pensionistas, los estudiantes y otros colectivos. El resto (364) se elegirán por votación. El voto, sin embargo, está diseñado para favorecer a las zonas rurales y más atrasadas, feudo del chavismo. El estado de Táchira, por ejemplo, con 826.000 habitantes, tendrá 31 delegados, mientas que Zulia, con el triple de población y mucha más prosperidad, sólo tendrá 23. A cada municipio, asimismo, le corresponde un delegado sin importar su población.
La oposición convocó un paro de 24 horas la semana pasada y organizó un plebiscito simbólico contra el régimen que movilizó a 7,5 millones de electores, cifra similar a la de votos que consiguió en las legislativas del pasado año.
Las movilizaciones contra Nicolás Maduro encuentran mucha razón de ser en la extrema precariedad económica de la mayoría de familias, según revela un estudio de Cáritas publicado esta semana. Si una familia necesita, como mínimo, 160 euros al mes para subsistir, hoy no gana más de 10. Aún sumando los 34 euros en los que está valorada la cartilla de alimentos que facilita el Estado, está condenada a pasar hambre.