Puigdemont, dispuesto a ir a prisión antes que renunciar a la consulta
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no piensa quitar el pie del acelerador. En una entrevista concedida a Bloomberg afirma que estará dispuesto a aceptar “todas las consecuencias”, y esto incluye ir a prisión, antes que ceder en el referéndum. Además insta al Estado a focalizar todas las acciones legales en él en lugar de empleados del Govern, en clara referencia a las citaciones a altos cargos del Ejecutivo catalán que está llevando a cabo la Guardia Civil para que declaren sobre los preparativos del referéndum.
“Si estoy asumiendo la máxima responsabilidad en un proceso que tiene todas esas dificultades, obviamente tengo que aceptar todas las consecuencias”, asegura Puigdemont.
No obstante, el president considera que “la mejor manera de garantizar que no vaya a prisión es que tenga éxito” el proceso soberanista y el referéndum del 1 de octubre.
“El personal, los funcionarios de medio rango, sólo siguen las órdenes que les dan los políticos”, resalta Puigdemont.
El presidente catalán ha destacado que “sólo ha habido amenazas y ni una sola propuesta” por parte de Gobierno de Mariano Rajoy, al que lanza un mensaje: “Deberían estar atentos el 1 de octubre, no pueden decir que no les alertamos”.
Estas declaraciones de Puigdemont siguen la línea de la entevista concedida a Vanity Fair en octubre del 2016, cuando el president ya aseguró que estaría dispuesto a ir a la cárcel, aunque matizó que le parecería “una barbaridad democrática inexplicable”. En una entrevista reciente para el rotativo francés Le Figaro aseveró que no acatará una eventual inhabilitación del Tribunal Constitucional.
También se hizo pública ayer una entrevista en el Daily Express a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La segunda autoridad de Catalunya asegura en el diario británico que el 1-O se celebrará porque “Madrid no puede vencer nuestra democracia”. Forcadell lamenta que el “Gobierno español todavía no ha entendido que no puede acabar con la voluntad del pueblo catalán de decidir su propio futuro” y que medidas “no legales y represivas” no evitarán que se lleve a cabo. Para la presidenta del Parlament, el Estado utilizará “todas las armas disponibles” y afirma que ya está actuando contra representantes electos y amenaza a funcionarios y con intervenir las finanzas de la Generalitat, según denuncia.