El juez del caso Lezo deniega la libertad al expresidente madrileño
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, principal implicado en la operación Lezo, no va a salir por ahora de la cárcel. Lo había solicitado al cumplir los tres primeros meses de prisión preventiva, acordada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Pero el mismo magistrado ha rechazado el recurso presentado por el exmandatario madrileño por varias razones, sobre todo porque considera “evidente” que existe riesgo de fuga.
Para García Castellón, el peligro de que González intente sustraerse a la acción de la justicia deriva del análisis de la conducta que ha observado en los últimos años, los supuestamente dedicados a organizar el saqueo de la empresa pública Canal de Isabel II. Ese es el núcleo de la operación Lezo –que estalló el pasado mes de abril–, aunque tiene otras ramificaciones.
En este sentido, el juez argumenta, en el auto que deniega la puesta en libertad de Ignacio González, que el expresidente madrileño impulsó “una trama criminal que ha operado en diferentes países, habiendo reconocido el propio González en conversaciones telefónicas su intención de comenzar una nueva vida de negocios en Sudamérica”. Es allí –prosigue el magistrado– donde precisamente existen varias operaciones investigadas en el marco de la presente instrucción”.
También tiene en cuenta García Castellón que a los factores anteriores hay que unir el hecho de que en la operación Lezo se ha manejado dinero de procedencia ilícita, y “así consta en las actuaciones y así ha sido reconocido en las diferentes declaraciones”. En conclusión, el juez sostiene: “Asistimos a una cristalización progresiva de los indicios racionales de criminalidad como consecuencia de las diligencias que se están practicando”. Esa labor de averiguación de los hechos –o de “cristalización” de indicios, como la llama el juez– podría verse afectada “en caso de acordar la libertad o atenuar su situación, como solicita la defensa”.
Es decir, que Ignacio González podría tratar de entorpecer la investigación, si bien el expresidente madrileño había hecho constar en su solicitud de libertad provisional que podría considerarse la posibilidad de colocarle una pulsera, para facilitar su localización en cualquier momento. A ese tipo de medidas se refiere el juez cuando escribe que González estaba dispuesto a que su situación se atenuase, sin recuperar por tanto plenamente la libertad. García Castellón ha desechado esta segunda posibilidad. Y deja claro por qué. En su resolución, el juez se refiere al peligro de que González intente “la destrucción de pruebas” o trate de “esconder el dinero malversado”.
El magistrado aprecia riesgo de fuga de González y de que intente “esconder el dinero malversado”