Atentado a la convivencia

EL inadmisible asalto a un bus turístico por parte de cuatro encapuchados el jueves pasado ha desatado una tormenta política por la dubitativa reacción que inicialmente tuvo el gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, por el inexplicable silencio que la empresa pública de transportes TMB mantuvo hasta que se dio a conocer la noticia dos días después y, sobre todo, después de que la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, reivindicara el ataque. Nunca hasta ahora la turismofobia había llegado tan lejos en Barcelona. Y lo peor es que la portavoz de esa organización cupera, Laura Flores, no descarta un nuevo ataque similar, porque según ella esa “es una manera más de protesta, igual de legítima que las manifestaciones”, contra la “miseria que (el turismo) provoca en la clase trabajadora”.

Ante estos gravísimos hechos, el gobierno de la ciudad ha mostrado dos maneras de aproximarse a esta violenta acción. Por un lado, los comunes de la alcaldesa Ada Colau reaccionaron tarde y con una condena tibia del asalto, mientras que sus socios del PSC en el gobierno fueron mucho más contundentes desde el momento en que se conoció el ataque. En este sentido, el socialista Jaume Collboni, que ayer ejercía de alcalde accidental, calificó la acción violenta de “atentado a la convivencia y al civismo”. Esta evidente diferencia de afrontar el intolerable asalto coincide también con la política que los comunes han seguido desde que llegaron al gobierno de Barcelona y que ha alimentado el discurso de la turismofobia. Y en este mismo contexto se enmarcaría el silencio oficial tras el ataque y la tardanza en reaccionar tanto política como judicialmente. Prueba de ello es que TMB no presentó hasta ayer, cuatro días después, la denuncia ante el juzgado del ataque al bus turístico.

Lo ocurrido debe ser tratado con el máximo rigor por parte de todos. No es tolerable que en una sociedad que se pretende democráticamente madura un grupo de encapuchados use la violencia intimidatoria para defender sus postulados. La violencia no tiene cabida en una ciudad abierta y democrática como Barcelona. Ni la condescendencia. Además, en un escenario en el que el terrorismo global obliga a unas medidas extremas, con policía armada en la calle, tratar lo ocurrido como un incidente es de una enorme irresponsabilidad. Qué hubiera ocurrido si, en el momento del asalto, hubiese pasado por allí una patrulla armada de los Mossos es una pregunta que pone los pelos de punta. Por tanto, nada de paños calientes ni de tratar los hechos como una simple gamberrada.

Los efectos nocivos, además de los evidentemente positivos, que el turismo masivo provoca en una parte de la ciudadanía es una cuestión que se ha de resolver entre todos: autoridades, legisladores, empresarios, trabajadores y vecinos. Y cuanto más se tarda en poner remedio a los problemas, más se enquistan y mayor incomodidad producen. Y en ese caldo de cultivo aparecen grupos que tratan de sacar partido de forma populista porque lo que proponen no sólo no se puede aplicar, sino que además es un contrasentido. Ese es el caso que nos ocupa, con el agravante del uso de la violencia que ha encendido todas las alarmas, hasta el punto de que el conseller de Empresa, Santi Vila, criticó duramente la vinculación de la CUP a estos hechos. Tolerancia cero con la violencia y sentido común en los políticos, que tienen ante sí un problema que requiere inteligencia y coraje.