Garoña, punto final
El Gobierno acuerda la clausura de la central nuclear burgalesa, que lleva cuatro años y medio parada La mayoría contraria en el Congreso y las discrepancias internas en la empresa han sido claves en la decisión
El Gobierno, finalmente, ha decidido que la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), la más vieja de España, que está parada desde diciembre del 2012, debe echar el cierre definitivo. La planta será desmantelada y clausurada. El Ejecutivo ha acordado que no renovará la autorización para continuar la explotación. La solicitud de reapertura fue presentada en el 2014 por la empresa propietaria Nuclenor (participada por Iberdrola y Endesa) con la intención inicial de prolongar su vida útil hasta el año 2031. Sin embargo, las importantes inversiones de seguridad adicionales exigidas y los nuevos impuestos ambientales han echado al traste con el intento de reabrir la planta.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, invocó ayer muchas razones para justificar la decisión, pero no pudo iluminar todos los claroscuros de este expediente, uno de los mayores pulsos habidos en España entre las empresas eléctricas y el Ejecutivo.
Todo se resume en que Nuclenor, propietaria de Garoña, cesa su actividad en diciembre del 2012 por discrepancias con los nuevos impuestos; pero luego solicita reabrir; y cuando están a punto de ver culminado el proceso, se echa atrás a medias en una clima de división interna y de dudas sobre su viabilidad económica.
Desde la óptica del otro protagonista (el Gobierno), la secuencia es una retahíla de facilidades y a apoyos a la empresa –cambios de normativa incluidos– para allanar el camino a la reapertura. Sin embargo, al final, el ministro descubre que todo su esfuerzo es vano, porque se ha quedado solo. Ni la oposición, ni las empresas, ni la mayor parte de las entidades consultadas aceptan que reabra Garoña. Ni el PNV, que ha pactado con el PP la aprobación de los presupuestos de este año.
El ministro Nadal argumentó ayer que denegará la reapertura de Garoña porque exigiría inversiones económicas muy significativas. También dijo que es la central más antigua y que su aportación a la demanda energética es poco relevante. Son razones todas ellas conocidas antes de que el Gobierno secundara las pretensiones de la empresa Nuclenor y alentara el proceso para reabrir la planta.
Álvaro Nadal esgrimió también que las “circunstancias actuales” no
garantizan la suficiente certidumbre sobre la viabilidad de la reapertura. Con ello aludía al rechazo expresado por los grupos de la oposición a la reapertura, así como a las discrepancias internas en el seno de Nuclenor. Iberdrola se desmarcó, y su presidente, Ignacio Sánchez Galán, dijo hace más de un año y medio que la reapertura “no es viable económicamente”. Nadal explicó que, hasta que la nuclear pudiera reabrir, se necesitarían al menos dos años, periodo para el que aventuró una situación de “incertidumbre” política, con una mayoría del Congreso en contra.
El tercer bloque de argumentos del ministro fue una sucesión de críticas y reproches a cuantos no han coincidido con el Gobierno. Nadal incluso afeó a Nuclenor sus “cambios” de postura y su desacuerdo interno. También le acusó de utilizar la situación como arma de presión contra el Gobierno para que cambiara normativas (fiscali- dad ambiental .... ), algo que los grupos ecologistas ya advirtieron.
Pese a todo, Nadal quiso despejar dudas sobre su posición pronuclear. Reiteró que la postura del Gobierno es “mantener el parque nuclear” (frente a la posición del PSOE, que “no quiere” que haya en el 2028 ninguna central en España).
La decisión del Gobierno llega una semana antes de que concluyera el plazo de seis meses que tenía desde que el Consejo de Seguridad Nuclear emitió el 8 de febrero un dictamen favorable a la renovación de la autorización de explotación. No obstante, la reapertura quedaba condicionada a la realización de importantes inversiones de seguridad (de unos 150 millones de euros).
Tras ese dictamen, la pelota estaba en el tejado del Gobierno. Pero sólo teóricamente. El problema real es que se agudizaron las discrepancias entre Iberdrola y Endesa. Ambas empresas mantuvieron una reunión el 26 de abril, pero no lograron limar asperezas. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán propuso renunciar a la solicitud de reapertura, pero Endesa mantuvo que apostaba por seguir.
El resultado final supone un revés para esta fuente de energía. Los sectores pronucleares anhelaban que Garoña se convirtiera en la primera central en llegar hasta los 60 años de operación, con lo que actuaría de ariete para el resto de centrales españolas que se van acercando progresivamente hasta los 40 años de vida, límite hasta el que tienen permiso de actividad.
El rechazo a la energía nuclear de una mayoría de fuerzas políticas en el Congreso, y el éxito de los sectores antinucleares que han capitaneado la batalla contra Garoña, arrojan ahora sombras en el camino de la renovación de las licencias de las otras centrales. Las plantas que se acercan al final de su permiso de explotación y esperan una prórroga para funcionar más de 40 años son Almaraz, Vandellòs II y Cofrentes.
En todo este largo proceso, el Gobierno ha buscado favorecer a las nucleares en su plan para prorrogar su vida más de 40 años. Tres ejemplos ilustran esta política gubernamental. Uno: modificó un reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas para permitir que una central que haya cerrado sus puertas tenga un año de tiempo para pedir su reapertura. Dos: antes, las centrales debían pedir la prórroga de un permiso de explotación tres años antes de que expirara el plazo, mientras que ahora lo pueden solicitar con sólo un año de antelación. Y tres: el Gobierno ya puede renovar los permisos a las centrales por 10, 15 o 20 años, cuando hasta ahora sólo podía hacerlo por 10 años. Nuclenor pidió una prórroga de 17 años. Antes de comprobar que ya no era posible resucitar a Garoña.
Duro revés al plan para que la central sentara un precedente que permitiera prolongar la vida de las nucleares