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La Fiscalía considera que no hay motivo para abrir diligencias contra mandos o agentes de la Guardia Civil en relación con los interrogatorios a que han sometido a diversos cargos de la Generalitat. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y la provincial de Barcelona, han analizado el asunto para llegar a la conclusión de que el proceder de los investigadores tiene toda la cobertura legal exigible, en el contexto de las indagaciones que se realizan sobre los preparativos para el anunciado referéndum del 1-O.
En el pulso institucional del Gobierno y la Generalitat por el referéndum unilateral del 1-0, el Ejecutivo de Carles Puigdemont puso en su punto de mira la actuación desarrollada por la Guardia Civil a raíz de las mencionadas citaciones e interrogatorios que realizaron a altos cargos del Govern. A varios de los comparecientes se les imputó malversación de fondos y sedición, entre otros delitos.
El Govern sustentó la demanda en su convicción de que los agentes habían actuado al margen de las pesquisas judiciales. Una acusación que ayer negó la Fiscalía, al anunciar que se opone a la admisión de la citada denuncia y a que se deriven de ellas nuevas diligencias, esta vez contra la fuerza actuante en las mencionadas actuaciones.
La razón fundamental por la que la Fiscalía estima que no hay motivo para denunciar reside en que estas diligencias responden a investigaciones que están judicializadas. En concreto, se relacionan con las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, tras la querella presentada contra el exsenador de ERC Santiago Vidal por manifestaciones hechas en actos públicos en los que aludió a supuestas iniciativas ilegales del Govern. La Fiscalía considera que la existencia de estas diligencias impide cualquier presunción de irregularidad en las actuaciones de la Guardia Civil, que conoce y ampara sin reservas.
Todo ello no obsta para que el Govern haya interpuesto la mencionada denuncia por los interrogatorios a sus altos cargos –como el secretario general de Presidència, Joaquim Nin , y el director de comunicación, Jaume Clotet– al estimar que tales diligencias podrían haber supuesto delitos de obstrucción a la justicia, usurpación de funciones, falsedad en documento oficial, violación de secretos y otro contra los derechos fundamentales. Todo ello por entender que la actuación de los agentes no ha respondido en ningún momento a diligencias judiciales. Esta tesis se expone en una segunda denuncia presentada por la asociación jurídica Drets. En ambos casos se sostiene que no existe constancia alguna de que el juzgado de instrucción 13 de Barcelona haya ordenado ni pedido las diligencias practicadas. Subrayan que, por el contrario, el TSJC informó el 27 de julio de que las actuaciones de la Guardia Civil no habían solicitadas por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
La primera de estas denuncias ha correspondido al juzgado de instrucción 32 de Barcelona. Lo más probable es que el juez remita el texto a la Fiscalía para que le informe de su postura, pero no consta que ya lo haya hecho. En todo caso, cuando ocurra, está claro que la Fiscalía solicitará la inadmisión y el archivo de las denuncias, por los motivos señalados en el sentido de que estima la actuación de la Benemérita goza de plena cobertura legal.