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El caos institucional, político y social en el que se ha instalado Venezuela; y el debate sobre el modelo energético.
EL cierre de la central nuclear de Garoña devuelve al primer plano de la actualidad el debate sobre la necesidad de definir la política energética más adecuada para este país. Los compromisos medioambientales adquiridos por España en el marco del acuerdo de París, para reducir la emisión de los llamados gases de efecto invernadero, obligan a ello. Paradójicamente, la energía nuclear, que es la que menos contamina la atmósfera juntamente con las renovables, es la que suscita el mayor rechazo popular y político. Tanto es así que la más importante controversia sociopolítica, que no científica, se centra en si se prolonga o no la vida de las otras cinco centrales nucleares veinte años más de los cuarenta años definidos en un principio.
La única formación que defiende abiertamente la prolongación dela vida útil de las nucleares es el P P, que no tiene mayoría en el Parlamento, frente al conjunto de la oposición, liderada por el PSOE, que exige su cierre a medida que se cumpla la vida útil inicial de cada una de ellas, en un proceso que acabaría el año 2028. La decisión, en la que sólo Ciudadanos puede ejercer de árbitro, debería tomarse alejada de posiciones demagógicas y populistas, sobre la base de la importancia que tiene la energía nuclear. Hay que tener en cuenta que proporciona más del 20% de la electricidad, que es fundamental para dotar de estabilidad al sistema energético frente a las fluctuaciones de las renovables, que contribuye a la contención de la tarifa eléctrica y que no genera contaminación atmosférica. La renuncia a casi una cuarta parte de la producción eléctrica de este país comportaría, por lo demás, un enorme coste económico. El PSOE propone que dicha merma de energía fuera compensada con una mayor aportación de las plantas de gas de ciclo combinado, ahora infrautilizadas, pero mucho más contaminantes, y con una mayor participación de las energías renovables, lo que exigiría un elevado proceso de inversiónen la masiva construcción de central es solares y eólicas, que a su vez también generan rechazo popular.
En el horizonte del año 2050, todas las centrales energéticas deberían ser renovables. El problema está en los tiempos y las formas en que se desarrolla este proceso de transformación tan crucial, en el que deben abandonarse también las fuentes de energía tradicional, como el carbón, el gas natural o el petróleo. Sería un gran error cerrar las instalaciones que están operativas antes de disponer de una tecnología renovable madura que las pueda sustituir.
La ley de Cambio Climático y Transición Energética es el campo de juego clave para definir el futuro energético del país. Debería hacerse un gran esfuerzo para aprobarla por consenso político para dotar de estabilidad a un sector tan estratégico para España como es el energético.