El Parlament reabre ya el curso para preparar el referéndum
El PP descarta la vía del 155 y apunta a las acusaciones de sedición
El Parlament, el Gobierno central y el Tribunal Constitucional retoman hoy el curso político. Los preparativos del 1-O aceleran el regreso. La Mesa del Parlament se reúne hoy y, en principio, no se ha incluido en el orden del día la ley del Referéndum. Y el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, descartó ayer el recurso al artículo 155 de la Constitución y se decantó por acusar de sedición a los líderes independentistas que desobedezcan al TC.
El curso político reemprende hoy su actividad en Barcelona y Madrid tras un corto parón estival y con múltiples incógnitas en torno al referéndum unilateral del 1-O todavía en el aire, como la compra de urnas, la existencia de un censo, la presencia de observadores internacionales o las medidas legales que puede tomar el Gobierno central para impedirlo...
De lo que pocos ya dudan a estas alturas del proceso independentista, que brotó tras la multitudinaria manifestación de la Diada del 2012, es que en las semanas que restan para el 1 de octubre se producirá un choque institucional sin precedentes y de consecuencias imprevisibles. El diálogo y el acuerdo están (por ahora) descartados: el presidente Mariano Rajoy, con el respaldo de las instituciones europeas, se ha comprometido públicamente a impedir la consulta unilateral; el president Carles Puigdemont ha asegurado que Catalunya celebrará por primera vez en su historia un referéndum de autodeterminación.
En un ambiente político en el que se mezcla la incertidumbre, la preocupación y la expectación por el inicio de los días decisivos para el 1-0, que contrasta con la desconexión estival de la sociedad catalana, la Mesa del Parlament retomará hoy el periodo de sesiones sin que conste en el orden del día la tramitación de la proposición de ley del Referéndum.
Una medida diseñada cuidadosamente por el Govern para dotar a la consulta del “aval y legitimidad” de la Cámara, que piensan contraponer al marco legal vigente para pasar por encima de cualquier prohibición.
La iniciativa, registrada por los grupos de Junts pel Sí y la CUP el pasado 31 de julio, establece un “régimen jurídico excepcional” para poder desarrollar la consulta independentista al margen de la legalidad vigente, amparándose en algunas sentencias del derecho internacional sobre Kosovo y otros ejemplos que consideran análogos a Catalunya.
Esta ausencia de la proposición de ley en la primera reunión de la Mesa no impide que la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, que ha convocado la reunión de hoy haciendo uso del nuevo reglamento de del Parlament aprobado en julio, pueda introducirla en el último momento o, como apuntan fuentes soberanistas, trasladar el debate al 21 de agosto.
Otra opción es que el Govern, considerando que no queda margen suficiente para tramitarla y que la norma esté vigente para el 1-O –teniendo en cuenta el posible recurso de la oposición al Consell de Garanties Estatutàries– la presente como proyecto de ley, lo que acortaría sensiblemente los pasos de tramitación. Asimismo, el Govern podría aprobarla como decreto ley, entrando en vigor veinticuatro horas después de su publicación en el DOGC.
El calendario hacia el referéndum es una de las armas que cuida el Ejecutivo de Puigdemont, que confía igualmente en una gran movilización popular en la Diada, para intentar sortear los mecanismo de control legal del Estado. También lo es dotar de cierto misterio a algunas cuestiones claves del 1-O. No ha aclarado, por ejemplo, si ya posee las 8.000 urnas necesarias para celebrar el referéndum, los locales públicos o privados que piensa habilitar para la votación, si tiene un censo, si se podrá votar por correo o si finalmente podrá contar con algún observador internacional con visos de neutralidad.
Sea como sea, nada más aprobarse la ley que avala la consulta el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional de forma inmediata. A partir de ahí, cualquier paso que dé el Govern en esa dirección –varios de los consellers y el propio Puigdemont han afirmado que no cumplirán la sentencia del TC– será considerado desobediencia, desacato a la autoridad, con las consecuencias legales que
La aprobación de la ley del Referéndum abrirá el escenario de desobediencia El Govern no aclara la fecha del referéndum, así como la compra de urnas y el censo
puede acarrear. España y Catalunya se adentrarán de esta forma en un escenario insólito desde la restauración de la democracia española, como anómalo en la Unión Europea.
Precisamente con el foco puesto sobre proceso independentista, también hoy se reunirá en Madrid el pleno del TC para rechazar el recurso que presentó la Generalitat contra la suspensión de una reforma del reglamento que PP y Cs impugnaron al considerar que la vía exprés servirá para sacar adelante la ley de la consulta independentista y la ley de la “desconexión”.
De confirmarse la desobediencia anunciada por Puigdemont, el Alto Tribunal deberá decidir si aplica por primera vez las medidas coercitivas que están recogidas en su nueva ley reguladora, como la suspensión de cargos públicos. En el seno del TC existen dudas sobre la utilización de estas medidas.
Por la tarde, el Consejo de Ministros celebrará hoy una reunión de carácter extraordinario por la larga huelga de los vigilantes de seguridad en el aeropuerto de El Prat en la que parece difícil que no se aborde la situación del proceso independentista. Sea como fuere, en caso de que la Mesa del Parlament acabe admitiendo a trámite la ley del Referéndum, el Consejo de Ministros podría decidir impugnar sin mayor dilación la norma. En todo caso, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, descartó ayer la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permitiría al Gobierno central tomar temporalmente el control de algunas de las competencias estratégicas de la Generalitat, como el mando de los Mossos d’Esquadra, para que cumpla con sus obligaciones.
En una entrevista a Europa Press, Hernando descartó la utilización del 155 “por razones temporales y jurídicas”, ya que “no resolvería el problema”. El largo procedimiento para devolver las aguas a su cauce hace inviable pensar en resolver la cuestión catalana, cuando el Gobierno sabe que tendrá que reaccionar a las acciones del Govern o del Parlament en cuestión de horas, o de muy pocos días.
Esto no quiere decir, aseguran en el PP, que el Gobierno renuncie a utilizar un mecanismo que está en la Constitución y que, por lo tanto, no habría que pedir perdón por utilizarla. Pero en estos momentos, dicen, y para impedir el referéndum, no está encima de la mesa.Hernando prefirió hablar de “fórmulas más oportunas y realistas”, como hacer cumplir las resoluciones acudiendo a la fiscalía por delitos de sedición o sublevación ante el ordenamiento jurídicos.