El Gobierno trata de evitar el conflicto en otros aeropuertos
El Ejecutivo crea una mesa con sindicatos para el sector de la seguridad privada Fomento da 24 horas a las partes para pactar un árbitro en El Prat
El Gobierno ha puesto plazos a la amenaza que formuló la semana pasada ante el conflicto en El Prat que le llevó a movilizar a la Guardia Civil para evitar las consecuencias de la huelga de los empleados de seguridad del aeropuerto catalán. Un Consejo de Ministros extraordinario, de casi tres horas de duración, y con un único punto en el orden del día –cómo resolver el conflicto del Prat– terminó con la decisión de ir al arbitraje a través de un laudo obligatorio, con fechas muy concretas.
Las partes en conflicto, es decir la empresa Eulen y los trabajadores de seguridad del Prat, tienen 24 horas para ponerse de acuerdo en el nombre de un árbitro que haga una propuesta que sería de obligado cumplimiento. Aunque aún no se han manejado nombres, desde el entorno de los trabajadores se ha apuntado el del ex coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, lo que podría ser un ejemplo de lo difícil que puede llegar a ser consensuar la figura de ese mediador.
Por eso, el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros da ese plazo de 24 horas. De agotarse el plazo, será el propio Gobierno, sin que sea necesario que haya una nueva reunión del Consejo de Ministros, el que diga el nombre, que primero comunicará a las partes por si quieren presentar alegaciones. Nombrado el árbitro para el laudo, éste tendrá 10 días para establecer las condiciones de su aplicación, que tanto empresa como trabajadores tendrán que acatar.
El ministro Íñigo de la Serna fue el encargado de comunicar la decisión del Consejo de Ministros, en una comparecencia en la que trató, sobre todo, de justificar la decisión del Gobierno de decretar el laudo, ante las protestas de los sindicatos que han visto en las actuaciones del Ejecutivo un ataque al derecho de huelga.
De la Serna señaló que el Gobierno entra en el conflicto “una vez fracasada la mediación de la Generalitat” porque “ya no hay recurso legal para hacer frente al conflicto. Antes no hubiera podido entrar, y entra en el minuto uno”.
Para acudir al laudo se han tenido en cuenta, dijo, todas las cuestiones jurídicas que pueden afectar a la situación y en ese sentido ha contado con informes de la Abogacía del estado, y de los responsables de seguridad “porque no hay que olvidar que España está en alerta de nivel 4 por terrorismo”. También llega a esta decisión por la prolongación de la huelga, que se inició ya a finales de julio, ante “las posturas irreconciliables” de las partes, porque la mediación ha sido imposible y por las “graves consecuencias” económicas que puede provocar el conflicto. De la Serena resaltó: “estamos hablando del segundo aeropuerto de España” y afecta a un sector, el turístico, que supone el 11% del PIB.
El Consejo de Ministros acordó también, aunque de manera informal, recoger el guante de UGT y CC.OO, que le han pedido una mesa de diálogo para establecer un marco global de ámbito general con carácter nacional, sobre el sector de la seguridad privada.
Se creará, pues, un grupo, con participación del Gobierno, que abordará asuntos como la formación, la calidad en el servicio, y las condiciones laborales, pero que, sin embargo, no afectará a la mesa sobre negociación colectiva existente.
CALENDARIO El laudo deberá estar dictado en 10 días, desde la designación del árbitro
ACTUACIÓN De la Serna justificó la decisión del Gobierno ante las críticas sindicales al dictamen