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La gestión del Gobierno central en la huelga de los trabajadores de Eulen en El Prat, y el polémico uso que Donald Trump hace de Twitter para difundir sus mensajes sin filtros.
EL Gobierno ha impuesto su autoridad en el aeropuerto de Barcelona para resolver los graves problemas generados por las huelgas de los trabajadores de Eulen, encargados del control de los filtros de seguridad. La fijación de unos servicios mínimos del 90%, después del fracaso de la mediación de la Conselleria de Treball de la Generalitat, y el refuerzo del servicio con agentes de la Guardia Civil han logrado que el aeropuerto funcione casi con total normalidad y que los pasajeros puedan pasar los controles de seguridad sin apenas colas pese al paro indefinido que se ha iniciado desde hace cuatro días. La situación contrasta con la de las semanas anteriores, cuando la huelga parcial de los mismos trabajadores había provocado largas colas de pasajeros, de más de cuatro hora de duración, y una situación que bordeó el caos en el funcionamiento del aeropuerto.
Ahora, con el laudo arbitral obligatorio dictado ayer tarde por el Consejo de Ministros, se debería poner fin, en principio, al conflicto que enfrenta a los trabajadores de Eulen con la dirección de la empresa. Tienen 24 horas para pactar un mediador y, si no se ponen de acuerdo, lo nombrará el Gobierno y, a partir de ahí, en diez días deberá adoptarse una decisión definitiva sobre el conflicto contra la cual no cabrán más huelgas legales.
Los trabajadores de Eulen han jugado muy fuerte con sus huelgas y se han equivocado al intentar colapsar el funcionamiento de los filtros de seguridad con graves perjuicios para los pasajeros y el tráfico aéreo. Resulta inaceptable que los ciudadanos sean utilizados siempre como rehenes de las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas de servicios públicos. Eso es algo que no se puede ni se debe permitir.
Dicho lo anterior, sin embargo, el caso Eulen pone de manifiesto que no sólo se han equivocado los trabajadores con su discutible estrategia sindical sino que hay muchas cosas que ni la dirección de la empresa ni los responsables de Aena, que fueron quienes la subcontrataron por ser la oferta más barata, han hecho bien. La reacción de los trabajadores de Eulen, en último extremo, ha puesto de manifiesto la mala organización de este servicio, que es clave para la seguridad aérea, y su insuficiente valoración económica. A partir de ahora se impone una revisión en profundidad de todo ello, con la convocatoria de un nuevo concurso si Eulen no es capaz de garantizar el funcionamiento normal del servicio de los filtros de seguridad. Al margen de ello también se impone una reconsideración de la gestión de Aena en el aeropuerto de Barcelona, ya que no es normal que acumule tantos problemas siendo el más rentable y el que más crece de España.
La actuación del Gobierno en el caso de Eulen, con la fijación de servicios mínimos del 90% y el establecimiento de un laudo arbitral obligatorio, es un indicio de la política que podría seguir en casos similares, sobre todo ante la oleada de veinticinco días de huelga convocados para los próximos meses por los trabajadores de Aena y Enaire –más de 8.200 personas–, que podrían llegar a paralizar el tráfico aéreo del país si no hay un acuerdo en las negociaciones salariales y laborales que se mantienen desde mayo pasado.
Los sindicatos piensan recurrir ante los tribunales las citadas decisiones del Gobierno en el caso Eulen por considerar que lesionan el derecho de huelga de los trabajadores que, como hemos dicho, se enfrenta con el derecho de los ciudadanos de disfrutar de un adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Nuevamente, aquí y ahora, se echa en falta una ley de huelga que regule estos supuestos, algo que los sindicatos siempre han rechazado.