Colau pide al Govern que acabe con los narcopisos
Los grupos de la oposición critican la inacción del gobierno municipal y su escasa iniciativa a la hora de abordar el problema
La alcaldesa Ada Colau quiere reunirse en unas pocas semanas con el conseller de Interior, Joaquim Forn, y pedirle que la Generalitat acabe con la proliferación de narcopisos que desde hace pocos meses sufre el Raval. La alcaldesa accidental, Janet Sanz, detalló ayer los planes de Colau, pidió al Govern que redoble sus esfuerzos y reconoció que esta problemática está expulsando a muchos vecinos del barrio. Entre tanto la vecina de la calle Joaquim Costa que ayer hizo público que su vivienda había sido ocupada mientras estaba de vacaciones con su hijo de cinco años aún espera una muestra de interés sobre su situación por parte del Ayuntamiento. Siquiera los servicios sociales se pusieron en contacto con ella. Tampoco los propietarios del número 18 de la calle Sant Vicenç, otra finca del Raval con varios pisos usurpados, tienen noticias del Consistorio. Los propietarios, con todo, tratan de organizarse.
Todo sucede un día después de que Gala Pin, la edil de Ciutat Vella, interrumpiera sus vacaciones para subrayar en un tuit que las competencias en materia de drogas y ocupaciones son de Interior. La mayoría de grupos de la oposición se ensañó ayer con las maneras de Colau y Pin durante esta crisis. El exalcalde Xavier Trias les quiso recordar que hasta hace poco el Ayuntamiento asumía como propias todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la convivencia en la ciudad. “Ahora resulta que el gobierno de Colau no cree que la Guardia Urbana haya de actuar frente al top
manta, las drogas, la inseguridad... ¿quieren una Guardia Urbana decorativa? Colau es especialista en centrifugar responsabilidades. Nunca son responsables de nada”.
Estos días la gente del barrio que se va de vacaciones no le pide a sus vecinos que le rieguen las plantas, sino que comprueben cada mañana si acaso alguien se instaló en su vivienda durante la noche. El miedo a perder la propia vivienda se expande. Ahora los ocupas no se fijan sólo en los pisos de bancos y fondos, también lo hacen en los de cualquier ciudadano. Las caceroladas de protesta no hacen otra cosa que intensificarse. Muchos vecinos reconocen que los servicios munici- pales de limpieza se están esforzando, que las calles están más limpias y ya no se ven tantas jeringuillas abandonadas en el espacio público como hace unas pocas semanas. Los vecinos también celebran el aumento de la presencia policial en la calles. Pero echan de menos medidas más contundentes, menos paliativas. El Ayuntamiento está realizando un censo de pisos vacíos a fin de localizar a sus propietarios y animarles a poner sus propiedades en alquiler. Pero localizar en agosto a un fondo de inversión con sede en las islas Caimán es muy complicado. En verdad los técnicos siquiera terminaron el censo de pisos vacíos.
ERC y Cs criticaron ayer la inacción del gobierno municipal en todo este asunto. Ambas formaciones subrayaron que varias viviendas del Ayuntamiento están ocupadas, y que desde algunas de ellas se venden drogas. Vecinos de la calle Robador vienen denunciándolo desde hace años. Su relación con el gobierno de Colau siempre fue muy tirante. En este lado de la ciudad muchos tienen ahora la sensación de que sus quejas dos años atrás tenían un carácter profético. “El gobierno tenía que haber actuado de manera preventiva –señaló el republicano Alfred Bosch–, y no eludir sus responsabilidades”. “Cuando Colau dijo ‘incumpliré las leyes injustas’ transmitió que las normas pueden romperse –dijo Carina Mejias, de Cs–. Ahora la permisividad con los manteros, la ocupación, la prostitución y ahora el tráfico de drogas están provocando graves conflictos de convivencia”. El popular Alberto Fernández, uno de los pocos políticos que se acercaron a la calle d’En Roig, uno de los puntos calientes del Raval, dijo que “es cierto que el turismo incívico y la especulación expulsa a los vecinos del Raval, pero también lo hace la delincuencia, el incivismo y la pasividad del Ayuntamiento y la Generalitat. Hace falta un plan de choque de las policías municipal y autonómica”.
Los vecinos celebran que los barrenderos redoblen la recogida de jeringuillas, pero exigen medidas contundentes