Laudo en El Prat
MARCOS Peña, el árbitro designado por el Gobierno en el conflicto laboral de la empresa Eulen, concesionaria de los controles de seguridad del aeropuerto de El Prat, inició ayer las reuniones con los representantes de los trabajadores, con los de la empresa, con Aena y con la Generalitat –que medió en el conflicto–, con el fin de dictar el laudo de obligado cumplimiento que deberá estar listo, como máximo, el próximo 30 de agosto. Peña, que ya medió en el problema de los estibadores este mismo año, advirtió que el laudo no satisfará a ninguna de las partes, pero que su misión es “minimizar un conflicto” que va más allá de lo económico, porque también se basa en la salud, la capacitación del personal y la calidad del trabajo.
Tras un conflicto que se inició el pasado 24 de julio, con largas e interminables colas de pasajeros en los controles de seguridad, numerosas pérdidas de vuelos y enlaces por parte de viajeros, y tras rechazar los trabajadores de Eulen por dos veces la mediación de la Generalitat, el Gobierno designó un arbitraje cuya resolución o sentencia no puede ser rechazado, ni convocarse huelgas en su contra y no es recurrible en sus términos. Aunque sí lo es ante la Audiencia y el Supremo en caso de hallar alguna de las partes defectos de forma. O si su contenido no se correspondiera con el objeto del arbitraje, entre otros supuestos. Los trabajadores, sin embargo, ya han anunciado que tras el laudo piensan convocar nuevas jornadas de huelga porque consideran ilegal este arbitraje y por el despido de cuatro trabajadores. Por esa razón presentarán un recurso contra la designación del árbitro del laudo y, en último caso, será la justicia la que deberá intervenir si se produjera un nuevo contencioso.
Lo que está claro es que las interminables colas en los controles de pasajeros en El Prat, en plena época estival, a consecuencia de la actitud reivindicativa de los trabajadores de la empresa Eulen, ha proyectado una muy mala imagen del aeropuerto de Barcelona que obligó, finalmente, al Gobierno a movilizar a la Guardia Civil. Aunque los huelguistas suspendieron el paro inmediatamente después de los atentados terroristas perpetrados en la Rambla y en Cambrils, el conflicto pasó a depender del árbitro designado para dictar el laudo.
En todo caso, resulta sorprendente que la empresa concesionaria se mostrara poco ágil para la resolución del conflicto y que Aena y Fomento tardasen tanto en intervenir cuando se trataba de un asunto que afectaba a la seguridad de todos.