Ultimátum a Rivas
La mujer tiene de plazo hasta el lunes o se tomarán medidas cautelares
El lunes, a las cinco de la tarde, Juana Rivas deberá entregar sus dos hijos al padre biológico, Francesco Arcuri.
La juez de Instrucción número 2 de Granada parece haberse hartado de las idas y venidas de Juana Rivas. La magistrada María Ángeles Jiménez concede un último plazo a la madre de Maracena, el lunes a las cinco de la tarde, para que entregue sus hijos, de once y tres años, al padre, el italiano Francesco Arcuri, en el punto de encuentro familiar designado en Granada. Si no lo hace, amenaza con tomar medidas cautelares “vista la gravedad de los hechos investigados”.
Dos sentencias, del Juzgado de Primera Instancia de Granada de diciembre y de la Audiencia Provincial en abril, ordenan a Juana Rivas la entrega “inmediata” de los menores a su padre, condenado por maltrato en el 2009, y sobre el que pesa una segunda denuncia por violencia de género desde el 2016, que no ha sido tramitada aún por dejación de la administración de justicia.
La magistrada va más allá de la implicación de Juana Rivas en el presunto delito de sustracción de menores y desobediencia y llama a declarar, en calidad de investigadas, antiguas imputadas, a Francisca Granados, asesora jurídica del Ayuntamiento de Maracena, y a María Teresa Sanz, psicóloga del centro, para esclarecer su papel como presuntas inductoras o partícipes necesarias de los delitos. También deberán acudir al juzgado como investigados los familiares de Rivas hasta el segundo grado de consanguinidad (padres y hermanos, principalmente).
Juana Rivas fue puesta en libertad provisional el martes. Los dos hijos permanecen ilocalizables desde que la mujer incumpliera la orden de entregarlos al padre en un punto de encuentro familiar de la Junta. Los abogados de Arcuri expresaron ayer su confianza en que el caso “se esté acabando”, aunque reconocen que “no confían” en las reacciones que pueda tener Rivas.
Contra el auto de la juez cabe recurso de apelación que debería ser sustanciado por la Audiencia Provincial de Granada. Los abogados de Rivas pueden optar por presentarlo, con casi nulas posibilidades de que prospere, o acatar la decisión de la juez y entregar a los hijos. Agotada la vía judicial en España, únicamente queda abierta la posibilidad del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La juez de Instrucción de Granada se suma en su auto a las duras descalificaciones vertidas por otras instancias judiciales, como la sala de vacaciones de la Audiencia Provincial, hacia la actitud de Rivas, a quien acusa de “falta de colaboración total y absoluta”. La magistrada recuerda que se negó a cumplir la entrega de sus hijos fijada para el 26 de julio, pese a tener pleno conocimiento de que debía hacerlo.
“En la declaración prestada el 22 de agosto en sede judicial, en ningún momento la señora Rivas expuso dónde tiene escondidos a los menores, con la finalidad de dar el debido y completo cumplimiento a las distintas resoluciones civiles que así lo acuerdan”, indica el auto de la magistrada, lo que hace imposible “que puedan ser oídos en su caso y si se estimare necesario”.
Mientras tanto, el Consejo General de la Abogacía difundió un comunicado en el que niega que Francisca Granados, la asesora jurídica de Maracena, sea abogada. Granados no figura registrada en ningún Colegio de Abogados de España, “no ostenta por tanto la condición de letrada, por lo que no está legitimada para ejercer ninguna de las funciones inherentes al ejercicio profesional de la abogacía”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que Rivas puede ir, está formado por el mismo número de jueces que países forman parte de la UE. Estos poseen un mandato de 9 años y son independientes e imparciales en el ejercicio de su cargo. Durante el estudio del asunto, las partes pueden solicitar al tribunal la adopción de medidas cautelares, algo que este sólo acepta en casos excepcionales.
La magistrada imputa a asesoras y familiares como presuntas inductoras o partícipes de los delitos