Radiales de ida y vuelta
Las vías en quiebra ganarán 34 millones el año que viene, según Fomento
El Estado se hará cargo de las radiales en quiebra el próximo enero, y las pondrá a concurso a lo largo del 2018.
El Gobierno quiere reducir el impacto en el déficit de la operación completándola en el mismo ejercicio
Siete de las ocho concesiones de autopistas en quiebra abocadas a la liquidación –las radiales de Madrid (R2, R3/R5 y R4), el eje del aeropuerto de Barajas (M-12), la Ocaña-La Roda (AP-38), la CartagenaVera y la circunvalación de Alicante, estas dos últimas tramos de la AP-7– revertirán al Estado el 15 de enero próximo. La octava –la Madrid-Toledo (AP-41)– lo hará el 1 de abril. Todas ellas mantendrán los peajes mientras estén en manos públicas y saldrán a concurso como muy tarde el 31 de diciembre del 2018 para que vuelvan a ser explotadas por la iniciativa privada. Así lo prevén el Ministerio de Fomento y la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa) en un convenio suscrito el 16 de agosto y publicado ayer en el BOE.
El documento, que lleva las firmas del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y del presidente de Seittsa y secretario general de Infraestructuras del citado ministerio, Manuel Niño, prevé que esta empresa pública asuma el 100% de las obligaciones de conservación, explotación y relicitación, lo que incluye las actuales plantillas, que suman unos 700 trabajadores. La voluntad del Gobierno es que estas autopistas –un total de nueve vías agrupadas en ocho concesiones que suman 510 kilómetros– sean asumidas por la Administración y se devuelvan al mercado en el mismo ejercicio para minimizar el impacto de la operación en el déficit del Estado, explicaron fuentes del Ejecutivo.
La RPA, la responsabilidad patrimonial que la Administración deberá abonar a las actuales concesionarias – en realidad a sus acreedores, hoy en su mayoría fondos oportunistas–, y cuyo importe aún no se fijado, computará como gasto. También deberán incluirse en este apartado 550 millones en concepto de préstamos participativos que se otorgaron para afrontar el pago de expropiaciones de suelo que se dispararon en los tribunales. Para amortiguar estas cantidades, el Ejecutivo pretende apuntar en el mismo ejercicio los ingresos derivados de las adjudicaciones a los nuevos gestores, que tampoco se han cuantificado.
El cálculo del importe de la RPA es un asunto espinoso para el Gobierno. El Tribunal de Cuentas estimó que superaría los 3.500 millones. La patronal de las constructoras y concesionarias, Seopan, la cifró en 5.000 millones. En cambio, Fomento considera que la cantidad será sensiblemente menor que estas dos. Una vez se fije, si los acreedores no están de acuerdo podrán recurrir a los tribunales.
Este calendario de asunción y devolución de las autopistas se llevará a cabo aunque todas las liquidaciones no se hayan hecho efectivas. Esta es la voluntad del Gobierno en su condición de titular. Cinco concesiones ya tienen auto judicial para tal efecto y tres todavía se encuentran en fase de convenio. Mientras los juzgados resuelven estos procesos estas vías están ganando tráfico. En el primer semestre lo incrementaron en un promedio del 12,7%, una tendencia al alza que las convierte en interesantes para el mercado, según Fomento. Así las cosas, el plan económico financiero que ha acordado con Seittsa estima que, con un crecimiento anual de la circulación del 7,5% y un aumento de las tarifas del 2%, en conjunto, su explotación se saldará en el 2018 con un beneficio neto de 34,3 millones de euros, tras ingresar 103,7 millones (93,5 millones de los peajes y 10,2 millones de las áreas de servicio).