El imán de Ripoll fue investigado en dos procesos sobre Al Qaeda
La Policía pinchó su teléfono en las operaciones Chacal y Camaleón, sin resultados
Abdelbaki es Satty, el imán de Ripoll, considerado el cerebro de los atentados de Barcelona y Cambrils, no era un absoluto desconocido para la policía y la justicia española. En el 2005 el hoy presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, autorizó que Es Satty fuese objeto de escuchas telefónicas. La Policía pidió dicha autorización al entonces magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 en el marco de dos operaciones contra el terrorismo de Al Qaeda.
Estas operaciones se conocieron con los nombres de Chacal y Camaleón. El otro juez de instrucción que intervino en ellas fue Fernando Andreu, ahora encargado de la investigación sobre los atentados de la Rambla y el paseo marítimo de Cambrils.
La Policía pidió autorización para controlar las comunicaciones de Es Satty porque tenía indicios de que estaba relacionado con una red de falsificación de documentos, a medio camino entre la delincuencia común y las estructuras de apoyo a yihadistas en países europeos. Grande-Marlaska –que por aquel entonces sustituía a Baltasar Garzón, en excedencia en Estados Unidos–, consideró fundadas las sospechas policiales y autorizó los pinchazos mediante un auto dictado en octubre del 2005. En su resolución –rescatada ayer por ABC–, el magistrado argumentaba que Es Satty “puede actuar como intermediario a la hora de dar apoyo logístico para las redes terroristas, al mantener contactos con ciudadanos árabes que se dedican a la falsificación de documentación en el ámbito de la delincuencia común, con el objetivo de dar cobertura a la salida de elementos terroristas por territorio español y europeo”.
Las dos operaciones, Chacal y Camaleón, plantearon denominadores comunes. Entre ellos, la supuesta implicación de algunas personas en ambas. Abdelbaki es Satty fue una de ellas. Las investigaciones partían de un tronco común. Trataban de esclarecer el atentado cometido el 16 de mayo del 2013 en la Casa de España de Casablanca. El nombre de Es Satty apareció vinculado a dos organizaciones terroristas, Ansar All Islam y el Grupo Islámico Combatiente Marroquí, que luego llevaría a cabo los atentados del 11-M. La operación Chacal, en concreto, fue desarrollada por la Guardia Civil, que halló indicios de que Es Satty actuaba en la órbita de Mohammed Mrabet, quien entonces ejercía funciones de gestión económica en la mezquita de Vilanova i la Geltrú.
Al comienzo de las investigaciones, años antes de los pinchazos telefónicos, se registró el piso que ocupaba Es Satty en la calle Lepanto de Vilanova y se hallaron documentos de adoctrinamiento religioso y unas “instrucciones para la seguridad” que describían medidas para evitar vigilancias policiales. En aquella vivienda también residió Belgacem Bellil, un ciudadano argelino que en noviembre del 2003 se inmoló en un atentado suicida en Irak. El procedimiento que utilizó consistió en lanzar un camión cisterna cargado con más de 3.000 kilos de explosivos contra las instalaciones de la base del Ejército italiano en Nasiriya, con un balance de 28 muertos, 19 italianos y 9 iraquíes.
Ya en el 2007, el juez Baltasar Garzón –que había iniciado el procedimiento antes de su excedencia– procesó al citado Mohammed Mrabet junto a otras 21 personas, entre las cuales no figuraba Es Satty. En su caso, los pinchazos telefónicos no habían aportado informaciones relevantes que permitieran dar mayor solidez a las sospechas de los investigadores. Inicialmente hubo cinco condenas, y la cuestión de las intervenciones telefónicas fue clave para que al final todo terminara en una sentencia absolutoria del Supremo. La Sala Penal celebró un pleno especial para este asunto y resolvió en una sentencia muy garantista que las escuchas habían sido irregulares y que los detenidos habían sido objeto de malos tratos porque habían sido conducidos a Madrid esposados y con los ojos vendados. La resolución sólo tuvo tres votos particulares en contra.
Posteriormente, en el 2010, Es Satty tuvo su segundo encuentro con la justicia, cuando fue detenido con 121 kilos de hachís en Castellón. Como ahora se ha recordado, cumplió una condena de 4 años y al salir de prisión tenía que haber sido expulsado, pero un juez de lo contencioso anuló la orden. El magistrado estimó que el delito por el que el imán había ingresado en prisión no suponía “una amenaza ni para el orden público ni para la seguridad ciudadana” en España. Esta sentencia, en definitiva, no pudo tomar en consideración los datos aportados por las operaciones Chacal y Camaleón, unas investigaciones que ocho años antes ya habían situado a Es Satty en la órbita de la célula de Vilanova i la Geltrú. Un grupo –dijeron los investigadores– que buscaba sumar jóvenes a las filas del terrorismo yihadista con la finalidad de enviarlos a Irak y Afganistán para la comisión de atentados.
En el piso del imán en Vilanova vivió un yihadista que luego se inmoló en Iraq El TS vio malos tratos en que los detenidos viajaran esposados y con los ojos vendados