Lecturas asimétricas tras el 17-A
Este sábado 26 por la tarde, una manifestación convocada por la alcaldesa Colau y el president Puigdemont, y a la que se han adherido administraciones, partidos y entidades, desea impulsar la renormalización de la vida ciudadana tras los atentados de la trágica tarde del 17 de agosto,una vez llevados a cabo el minuto de silencio del día 18 en la plaza Catalunya y celebrada la misa en la Sagrada Família el domingo 20. Al final, hasta la antisistema CUP va a adherirse a la manifestación de este sábado tras haber dicho inicialmente que iba a autoexcluirse si participaban en ella las máximas autoridades del Estado.
Con la muerte del autor material del atropello masivo, Younes Abouyaaqoub, el lunes 21 de agosto, los 17.000 Mossos d’Esquadra y su major, Josep Lluís Trapero, han demostrado una eficacia y capacidad comunicativa que hasta algunos de sus anteriores mandos políticos habían puesto en cuestión. Es lamentable, sin embargo, que la Asociación Unificada de Guardias Civiles y el Sindicato Unificado de Policías se hayan sentido discriminados o poco protagonistas del trabajo que sin duda han realizado, por el deseo de la Generalitat de mostrar al mundo que Catalunya es capaz de gobernarse independientemente de Madrid.
Todos somos conscientes de que, al margen del golpe del terrorismo del pasado 17-A, estamos asistiendo a las últimas semanas del enfrentamiento por el proceso hacia el 1 de octubre y de que la CUP aprieta y mucho para acelerar las leyes de “desconexión” en contra de la normativa actual.
Esto no se ha remediado con la respuesta al atentado del día 17 en que se ha intentado mostrar una gran unidad institucional, pues, hasta interpretando la eficacia de los cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales, se ha visto el deseo de unos de explicar al mundo que España es una, y de otros de alimentar el imaginario independentista.
Yo creo que la respuesta al atentado yihadista ha puesto de relieve la necesidad del reparto de funciones en que se basa la arquitectura constitucional y autonómica en la que vivimos en paz desde la transición con, ¿por qué negarlo?, ciertas desavenencias que están en la mente de todos y que algunos se obstinan en sublimar.
De acuerdo con la Constitución y los estatutos, y con independencia de la denominación con que quiera rebautizarse la España de las autonomías en una próxima reforma constitucional, España es un estado compuesto en que las funciones de gobierno que el ciudadano le exige al “Estado del bienestar” están asignadas a unas u otras administraciones bajo el control, además, del Tribunal Constitucional, que debe resolver los conflictos de competencias que en todo Estado compuesto se producen.
Resuelta la respuesta inmediata al 17-A queda claro que los ciudadanos quieren que se les resuelvan sus problemas de seguridad y otros, sin importarles demasiado la administración que las resuelva o intente ponerse medallas por ello.
Los ciudadanos quieren soluciones, sin importarles demasiado la administración que las ofrezca o capitalice