La inteligencia es moneda de cambio
La inteligencia, la información que recaban los servicios secretos, los cuerpos de seguridad, es uno de los bienes más preciados de un Estado. Puede compartirse con países amigos, pero nunca se regala. Es una moneda de cambio y se utiliza para obtener ventajas políticas y económicas.
Después de un atentado los líderes políticos acostumbrar a anunciar que a partir de ese momento van a aumentar la cooperación en materia de seguridad e inteligencia con los países vecinos y que, incluso dentro de su propio país, van a revisar los métodos de trabajo entre las instituciones que se dedican a proteger a los ciudadanos. Estas buenas voluntades, sin embargo, nunca parece que sean suficientes. Los terroristas encuentran la manera de sortear la vigilancia, extienden el miedo, la certeza de que tarde o temprano volverán a actuar, ampliando un terror que, a su vez, justifica el recorte de las libertades y los derechos civiles, políticas autoritarias que la sociedad acepta a cambio de una mejor protección.
Así es, en gran parte, el orden que surgió a raíz del 11-S, los atentados de Al Qaeda en Nueva York y Washington, utilizando aviones comerciales para atacar edificios emblemáticos. Cerca de 3.000 personas perdieron la vida. Han pasado 16 años y nada ha vuelto a ser lo mismo.
Estados Unidos descubrió que la falta de cooperación entre la CIA y el FBI había dado una gran ventaja a la célula yihadista y obligó a estas y otras agencias de seguridad a compartir la información sobre terrorismo y crimen organizado.
En gran medida esta fue una obligación contra natura. La inteligencia no se comparte así como así, ni siquiera con un cuerpo de seguridad de un mismo país. El recelo es inevitable porque conservar la información es proteger los métodos que se han utilizado para obtenerla y las fuentes que la han proporcio- nado. Nadie está dispuesto a exponer nada porque los métodos suelen ser ilegales y las fuentes sólo son fiables si están muy bien protegidas.
El pasado mes de mayo el presidente Donald Trump compartió una información muy sensible con el Kremlin. Atañía al Estado Islámico en Irak y Siria. EE.UU. la había obtenido seguramente de Israel, su principal aliado en Oriente Medio. Al compartirla con Rusia sin consultar previamente a Israel, Trump dio pistas sobre los métodos de trabajo y el grado de infiltración de la inteligencia israelí en Irak y Siria. ¿Por qué lo hizo?
Quien comparte información siempre busca ejercer una determinada influencia sobre el que la recibe. Por ejemplo, puede ser política, económica, militar...
El que la recibe, por regla general, desconfía. Por muy buena que sea la relación, va a querer comprobar si lo que le están diciendo es cierto. El regalo puede ser que esté envenenado. Y no por una mala intención sino, mucho más frecuentemente, por una mala gestión. Puede ser que el servicio de inteligencia del país que ofrece la información la haya recogido mal o la haya manipulado ligeramente para ganar más influencia sobre el país que la recibe o, simplemente, es tan general que no sirve de nada salvo para que los dirigentes políticos puedan decir que la colaboración es estrecha.
Cuando un cuerpo de seguridad recibe una información, pongamos por caso sobre una amenaza terrorista, la posibilidad de un atentado en un lugar determinado, la pregunta clave que se hace no es sobre la alerta sino sobre cómo se han obtenido esos datos: con qué métodos, qué fuentes, en qué lugares.
Esta es una información a la que difícilmente se tiene acceso. El país que la comparte suele blindarse señalando que no está confirmada y no se sustenta en ninguna prueba concreta. Así es difícil iniciar una investigación, tomar precauciones, dar veracidad, en definitiva, a un aviso que no se puede verificar.
Para evitar estas disfunciones y superar la natural desconfianza entre las agencias de inteligencia, aunque sean de países aliados, los expertos en seguridad recomiendan centralizar la información en bancos de datos que han de nutrirse de cuantas más fuentes mejor. Pero esto también es un problema. No es un problema tecnológico ni de método, pero sí político. Si el Estado nación renuncia su inteligencia, renuncia a una parte trascendental de su soberanía. Pondría su seguridad en manos de otros, de una institución internacional, por ejemplo, y esto es algo que nadie está dispuesto a hacer.
Europol estaba llamada a ser el FBI europeo, pero no tiene poder ejecutivo y es una mera agencia de apoyo, al servicio de los cuerpos de inteligencia de cada país, que son los que deciden cómo trabajar y qué información compartir con los socios comunitarios.
La confianza entre estos socios va en aumento pero es insuficiente como demuestran los atentados ocurridos este año en la UE. El factor político es determinante.
La confianza es importante pero no lo es todo. Es verdad que los estados que más inteligencia comparten son los que tienen lazos políticos, económicos y militares más estrechos. Pero la falta de confianza puede compensarse con instituciones que permitan a las partes verificar la información que intercambian. Todo depende de la voluntad de los gobiernos de unir fuerzas, y esta voluntad se canta a los cuatro vientos después de cada atentado. La información fluye entonces pero sólo como moneda de cambio, preservando los secretos inconfesables sobre su origen, la clandestinidad sin la que los estados creen que no serían viables.
Si el Estado nación renuncia a su inteligencia, renuncia a una parte trascendental de su soberanía