La seguridad privada busca mejoras laborales a rebufo del laudo de El Prat
Los sindicatos anuncian movilizaciones si no se revierte la precarización del sector
LICITACIONES A LA BAJA Las adjudicaciones por el precio pervierten las condiciones, coinciden patronal y sindicatos
NEGOCIACIÓN COLECTIVA El nuevo convenio del sector se hace esperar porque las posturas están alejadas
El conflicto de los trabajadores de Eulen en los controles de pasajeros de El Prat, que debe resolverse mediante el laudo dictado el pasado jueves, que incluye, entre otras medidas, la creación de un plus de 200 euros mensuales, proyecta su sombra sobre todo el sector de la seguridad privada, en el que la precariedad laboral ha crecido en los últimos años al tiempo que las externalizaciones de servicios de grandes empresas y administraciones han ido a más. Los diferentes actores implicados parecen dispuestos a entrar en el fondo del problema, aunque el camino no será fácil ya que las posturas están alejadas y el marco de aplicación está fuertemente cuestionado. Por lo pronto, las principales centrales sindicales –CC.OO., UGT y USO– advierten de que si no se revierte la actual situación, que consideran insostenible, habrá un otoño caliente, con movilizaciones generalizadas.
El aviso de los sindicatos se dirige tanto a las organizaciones empresariales, con las que negocian el nuevo convenio del sector –el último venció el pasado diciembre y el acuerdo parece difícil– como a las administraciones, que, directa o indirectamente, actúan como licitadoras en instalaciones tan sensibles como los aeropuertos. La mesa de trabajo propuesta por los actores sociales y aceptada por el Gobierno, que está previsto que se constituya en breve, es otro espacio en el que se verá si es posible el pacto que evite una espiral de conflictividad laboral.
Al poco de darse a conocer el laudo de El Prat, UGT y CC.OO. hicieron público un comunicado conjunto en el que instan a las patronales a celebrar una reunión inmediata para dar una solución global lo más rápida posible a la situación del sector. Los dos sindicatos llaman a la representación empresarial a adoptar un “posicionamiento valiente” que permita “acordar un convenio colectivo moderno, que incluya las mejoras necesarias, así como regular las condiciones específicas para los centros de trabajo de especial sensibilidad”. En el mismo documento, piden al Gobierno que convoque “cuanto antes” el grupo de trabajo antes citado. En este sentido, apuntan la necesidad de que el Ejecutivo realice una “correcta” aplicación de la Directiva Europea de Contratación Pública que dé “garantías de servicio de calidad” y que pasa por que los requisitos técnicos ganen peso respecto al precio en los pliegos de los concursos públicos. USO insiste en los mismos elementos. “Los actuales criterios de adjudicación convierten los concursos públicos en meras subastas al precio más bajo –denuncia este sindicato en otro comunicado–, lo que facilita la adjudicación a empresarios oportunistas y sin escrúpulos que tiran sus ofertas por los suelos a costa de incumplimientos laborales”.
“Las condiciones de trabajo son precarias, no se reconoce la labor que se hace, ni la formación que se necesita, ni un salario razonable, que hoy, por convenio, no llega a 1.000 euros mensuales”, lamenta Aurora Huerga, secretaria general de la federación de construcción y servicios de CC.OO. de Catalunya. “Antes de la crisis –añade–, estos trabajadores se sacaban un sueldo decente a base de hacer muchas horas extra, pero ahora las condiciones son otras, muchas veces con convenios de empresa muy inferiores a los del sector”. Esta responsable sindical apunta que la única solución es “atacar el problema de fondo, acabar con los concursos que se basan sólo en el precio y definir que hay puestos de trabajo que requieren de unas condiciones especiales porque se hacen en lugares muy sensibles”. Y, matiza, “algunos no deberían externalizarse, como son estratégicos tienen que estar en manos públicas”.
Desde las patronales apuntan a la responsabilidad de las administraciones. Fuentes de una de las organizaciones empresariales, Aproser, recuerdan que la mayoría de las empresas mantienen las condiciones sectoriales, entre ellas las de los aeropuertos y, por tanto, también Eulen. Sólo el 20% de la plantilla del sector, aseguran desde esta entidad, está sometida a convenios de empresa que rebajan los salarios en algunos casos hasta el 30% respecto al marco global. En cualquier caso, denuncian, “la negociación de ofertas a la baja puede llevar los márgenes de la adjudicataria a su mínima expresión, tan mínima que cualquier incremento de costes imprevisto que deba satisfacer a lo largo de la vigencia del contrato para mejorar la calidad del servicio puede hacer que la cuenta de resultados final sea prácticamente inexistente”. Y si se acuerdan mejoras salariales en el futuro convenio del sector, subrayan desde Aproser, “el sobrecoste que supongan debe asumirlo el contratante, trasladándolo a los presupuestos de licitación”.
Tras precisar que el laudo dictado el jueves es de obligada aplicación sólo a los trabajadores de Eulen en los filtros del aeropuerto de Barcelona, el árbitro de este conflicto y presidente del CES, Marcos Peña, reconoció ayer que la situación de la seguridad privada, en general, es problemática. “Las empresas de servicios de proximidad tienen una vida bastante inhóspita”, dijo en una entrevista a la Cope, ya que “están sometidas a licitaciones que, por la cultura española, solamente tienen en consideración el precio”. Así, a su entender, los salarios en este sector “no son elevados porque los márgenes son reducidísimos”. El plus de 200 euros mensuales fijado para estos trabajadores de El Prat, recordó, es absorbible por otros equiparables que ya existen (por ello gran parte de la plantilla de Eulen en el aeropuerto de Barcelona sólo verá incrementado su salario en 100 euros) o pueda haber en futuro “para no contaminar al convenio del sector”, que, insistió, es el marco en el que debe resolverse la situación global.