TP Ferro solicita el arbitraje en Bruselas a España y Francia
La empresa pedirá 500 millones y los estados, una indemnización
Íñigo de la Serna, ministro de Fomento, dijo ayer que España y Francia demandarán a TP Ferro, exconcesionaria del túnel ferroviario de El Pertús, a la que pedirán una indemnización millonaria. El ministro explicó en rueda de prensa que el asunto está en manos de los servicios jurídicos de los respectivos estados y que, previsiblemente, la decisión se adoptará en una reunión convocada para el próximo 14 de septiembre. TP Ferro, participada a partes iguales por las constructoras ACS y Eiffage, entró en liquidación el año pasado, lo que comportó la resolución del contrato de gestión de los 44 kilómetros de infraestructura. Desde diciembre, ya está en manos de una sociedad gestora pública hispano-francesa.
En ese momento, la administración concursal de TP Ferro estableció en 450 millones de euros el valor teórico contable de los activos del túnel pirenaico y reclamó esa cantidad a España y Francia al entender que los incumplimientos de los estados –que no desarrollaron el corredor mediterráneo ni aportaron el tráfico suficiente– fueron los que imposibilitaron el éxito de la empresa. Los dos concedentes rechazaron la reclamación de TP Ferro y, ya en junio, pidieron más tiempo para calcular lo contrario: a cuánto ascendía el perjuicio ocasionado a España y Francia por los incumplimientos contractuales de la concesionaria.
Como anunció ayer De la Serna, en eso están ahora España y Francia, aunque la administración concursal de la empresa –la única que puede actuar ahora tras su entrada en liquidación y el cese del consejo– no ha esperado más. El pasado mes de agosto, los representantes legales de TP Ferro solicitaron a los estados el arbitraje una vez constatado su total desacuerdo. Aunque la concesionaria no establece una cantidad concreta en su próxima reclamación al tribunal, que determinará con la realización de diversas pruebas periciales, el escrito estima que la indemnización pretendida superará con creces los 500 millones.
Tal como establece el contrato de la extinta concesión, el tribunal arbitral se constituirá en Bélgica y estará, por lo tanto, sometido al derecho de este país. Esto ha dado lugar a que la administración de TP Ferro reclame cambios en el procedimiento de creación del tribunal. El acuerdo de Madrid de 1995 entre España y Francia para definir y licitar la concesión estableció que los posibles conflictos se decidirían por el sistema arbitral y que los estados designarían tres árbitros y TP Ferro, uno. La administración concursal de la concesionaria se ve en clara situación de inferioridad y ha pedido que se designen cinco árbitros –ya que en Bélgica los tribunales arbitrales tienen un número impar de jueces–, dos designados por cada parte y el quinto propuesto por acuerdo. Es muy poco probable que España y Francia accedan a cambiar el sistema, que les favorece.
De la Serna reconoció ayer que todo este procedimiento “no es sencillo, pero existe una coincidencia absoluta [en el análisis] por parte de las administraciones de España y Francia. Todo está coordinado”. El ministro aseguró que, como decidió el Consejo de Ministros del Gobierno español, “la liquidación de TP Ferro fue culposa (sic)”. Esta declaración contrasta con la resolución judicial de Hugo Novales, juez mercantil de Girona, que en mayo calificó el concurso de la concesionaria como fortuito, una sentencia que no fue recurrida en su día por las administraciones públicas. Desde fuentes cercanas a la concesionaria enmarcan las declaraciones de De la Serna de ayer como “un intento de desviar la atención y una pataleta después de la solicitud de arbitraje”. En cualquier caso, la batalla sólo acaba de empezar.
En teoría, los dos estados designarán 3 árbitros y TP Ferro, 1; pero en Bélgica los tribunales son impares