Gobierno y fondos litigarán en los tribunales por las radiales
De la Serna admite el profundo desacuerdo en las indemnizaciones
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, reconoció ayer que los fondos acreedores de las nueve autopistas en quiebra (las denominadas autopistas radiales) recurrirán a los tribunales el rescate de las vías y deberá ser un juez quien determinará el coste que esta operación tendrá para las arcas públicas. Ese coste es el que el Estado deberá pagar a los actuales concesionarios de las infraestructuras para compensar la inversión que realizaron en su construcción.
“Nuestras estimaciones son sensiblemente inferiores a las cifras que baraja el sector”, reconoció el ministro. El Estado calcula que la indemnización puede estar en torno a los 2.500 millones de euros. Sin embargo, las concesionarias sitúan esa cifra en los 3.500 millones, e incluso algún banco de inversión la eleva a 4.600.
“En cualquier caso-añadió el ministro responsable de las infraestructurasseguro que acaba en el juzgado, porque será un importe con el que los actuales tenedores de la deuda de las autopistas no estarán de acuerdo, con lo que finalmente será un juez quien marque cual es la cantidad exacta a la que tenemos que hacer frente”. De la Serna efectuó estas declaraciones en Los Desayunos de TVE.
El ministro recordó que el Gobierno confía en reducir el coste final del rescate de las autopistas gracias a que destinará El Estado calcula en unos 2.500 millones el coste y las concesionarias hablan de 3.500 millones a cubrirlo los recursos que obtenga al volver a adjudicar las vías a empresas privadas. De la Serna explicó que el Ministerio está obligado por ley a quedarse con las autopistas, dado que así está establecido para los casos en que las concesiones de infraestructuras públicas quiebran.
“Queramos o no, hay un proceso judicial de concurso de acreedores por el que las concesionarias de las vías se están viendo abocadas a la liquidación y, en ese momento, tienen que revertir al Estado y la Administración tiene por tanto que asumirlas, quiera o no quiera”, explicó.
“A partir de ahí, la decisión que hemos tomado es volver a sacarlas a concurso para volver a ceder su explotación a empresas privadas, con el fin de que la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) pueda ser minorada con el importe que se recaude en la licitación”, detalló.
En virtud de los contratos de concesión, cuando una infraestructura promovida por este tipo de sistema revierte al Estado, la Administración debe abonar a las empresas concesionarias dicha RPA, el coste que les supuso la inversión para su construcción. En el caso de las ocho autopistas quebradas, De la Serna indicó que importe se determinará “cuando tenga lugar su liquidación definitiva”.
El Ministerio se ha preparado ya para ese momento y ha fijado un calendario para abordar todo el proceso de rescate, que se acometerá el próximo año.