Barcelona torpedea el CIE con un plan antiexpulsiones
El Ayuntamiento confía en que los migrantes arraigados en la ciudad puedan frenar su expulsión con un documento de vecindad
Después de intentar infructuosamente por activa y por pasiva el cierre del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca, el Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha una estrategia para dificultar la expulsión de residentes integrados pero en situación irregular. Aunque los ayuntamientos carecen de competencias específicas en materia de inmigración, el gobierno municipal de Barcelona recuerda que la ley atribuye a los entes locales la obligación de fomentar las políticas y los servicios necesarios “para garantizar la cohesión social de la población y la acogida y la integración de los extranjeros”.
Con ese objetivo, se ha puesto en marcha un “documento de vecindad”, que se podrá solicitar a partir de noviembre y que tendrá una validez de doce meses. Con ese papel en la mano, el Ayuntamiento confía en que los interesados puedan acreditar su arraigo en la ciudad “y evitar procedimientos de expulsión por parte de los juzgados o internamientos en el CIE”. La posibilidad de acreditar la integración en la ciudad, dice el Ayuntamiento, “es un elemento determinante desde el punto de vista jurídico para resolver el procedimiento de expulsión con una sanción económica, en lugar de una expulsión”. La alcaldía anunció por primera vez que “la prueba piloto” del documento de vecindad se pondría en marcha en septiembre, por lo que llegará con dos meses de retraso, y que “de momento” destinaría al servicio 90.000 euros. En abril, intentó sin éxito precintar el CIE, que depende del Ministerio del Interior, por “falta de licencia de actividad”. Pese a las andanadas municipales contra estas instalaciones, las críticas más eficaces no han procedido del Consistorio, sino de entidades como la Fundació Migra Studium, vinculada a la Compañía de Jesús. Voluntarios de este organismo sin ánimo de lucro visitan periódicamente a los internos de la Zona Franca y elaboran un informe anual sobre las presuntas irregularidades de que son víctimas.
El último análisis destapó “inadmisibles
Un informe de una fundación vinculada a la Compañía de Jesús destapa las anomalías de estas instalaciones
y extremadamente graves vulneraciones de derechos”, según el propio Ayuntamiento, que se hizo eco del documento. Los voluntarios comprobaron, por ejemplo, que el 75% de las personas que visitaron carecían de antecedentes penales y que el 56% fueron liberados pasados los 60 días de periodo máximo de internamiento. El ingreso de personas con problemas judiciales y a la espera de su expulsión es precisamente el principal argumento que esgrime el Estado para defender estos centros.