El TC multa con 12.000 euros al día a cada síndico electoral
La decisión supone el primer caso de medidas coercitivas del Alto Tribunal
El Alto Tribunal estrena la reforma que le permite tomar medidas coercitivas
Las sanciones recaen en los 22 miembros de las sindicaturas y dos cargos
Si los afectados renuncian hoy, como ha hecho uno de ellos, no se ejecutará
Han sido tres días de intensos debates, y al Tribunal Constitucional (TC) le ha costado esta vez un gran esfuerzo llegar a una resolución unánime. Al final, ha logrado el consenso –con matices y reservas– y ha impuesto 12.000 euros de multa diaria a cada uno de los miembros de la Sindicatura Electoral, por haber permanecido en sus funciones, a modo de Junta Electoral, pese a la orden dada por el propio TC para que cesaran sus actividades.
La misma multa se impone a Josep Maria Jové, uno de los detenidos el pasado miércoles, mano derecha del vicepresidente Oriol Junqueras y responsable de la administración electoral de la Generalitat. Montserrat Vidal, número dos en la misma tarea, deberá hacer frente a una multa de 6.000 euros diarios.
Se trataba de la primera vez que el TC –ver La Vanguardia de ayer– decidía utilizar las atribuciones de que dispone desde la reforma legal del 2015 para imponer medidas coercitivas con objeto de obligar a que sus resoluciones se cumplan. Lo que hacía difícil la unanimidad del Constitucional en este caso es que hay un núcleo minoritario de magistrados de la institución que plantean
Si los cargos afectados renuncian, como ya ha hecho la presidenta en Val d’Aran, la medida no es ejecutiva
grandes reservas respecto al empleo de este tipo de medidas coercitivas. La mayoría del TC, en cambio, consideró desde el primer momento que, a la vista de la conducta desarrollada por los miembros de la Sindicatura Electoral y de la evolución de los acontecimientos en Catalunya, no había que esperar más para empezar a aplicar dichas medidas, la más grave de las cuales –nunca usada– es la posibilidad de suspender a cargos públicos.
La propuesta inicial era que los cinco miembros de la Sindicatura Electoral hicieran frente a una multa diaria de 15.000 euros, y sus delegados territoriales en Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona y Val d’Aran, la mitad. Al final se dejó en 12.000 para los primeros y 6.000 para los segundos, que parecieron cantidades suficientes, sobre todo porque la multa es diaria. Con dos precisiones muy importantes. Como se trata de una medida coercitiva, su finalidad es disuasoria, no recaudatoria. Esto significa que lo que se persigue no es tanto que el multado pague como que deponga su actitud y obedezca al TC.
Por tanto, si los multados expresan de forma fehaciente su voluntad de volver sobre sus pasos y cumplir las resoluciones y órdenes del Constitucional, no habrá multa. Pero esa rectificación debe ser rápida. Debe producirse dentro de un marco temporal muy limitado, consistente en las 24 horas posteriores a la publicación de la resolución del TC en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso de las medidas acordadas ayer, se entenderá que ese plazo expira a las diez de la mañana del sábado.
Si a esa hora el Constitucional no ha recibido notificación alguna de dicha rectificación, la multa se convierte en ejecutiva. De garantizarlo se ocupará la Agencia Tributaria, que ya ha sido requerida por el TC al efecto. Dicha Agencia se asegurará del cobro por los procedimientos habituales de bloqueo de cuentas y embargo de bienes, principalmente. El Constitucional con- fía en que se consigan los fines disuasorios perseguidos. Ayer ya se produjo una renuncia, la correspondiente a la presidenta de la Sindicatura en Val d’Aran.
Los magistrados que han tenido fuertes reservas ante la adopción de las medidas coercitivas son María Luisa Balaguer, Juan Antonio Xiol y Fernando Valdés Dal-Ré, todos ellos del sector progresista. Los dos últimos ya se opusieron a avalar como constitucional la reforma legal que ha puesto en manos del TC este tipo de competencias. En aquel momento, Balaguer no había accedido aún al Constitucional.
Los tres han formulado un voto concurrente para matizar la resolución adoptada sin oponerse a ella. En su texto afirman que “la compleja situación política en que se producen los hechos” examinados y que han exigido que el TC imponga las citadas multas, puede situar a la institución “en la representación de un papel que desdibuja su naturaleza primaria”. Dicho de otro modo, no son partidarios de las medidas coercitivas, aunque acepten aplicarlas esta vez en aras de la unidad interna del TC.
El Constitucional, por otra parte, decidió comunicar a la Fiscalía tanto las medidas impuestas a la Sindicatura como a los cargos electorales de la vicepresidencia del Govern. Son casos en los que existen ya querellas de la Fiscalía o detenciones, como en el de Jové. Pero lo esencial, a juicio de los magistrados, es que los afectados por las medidas justifiquen que han renunciado a su cargo “previa revocación y comunicación de todos los acuerdos adoptados”. Sólo de este modo se librarán de la multa diaria, aunque probablemente buena parte de ellos ya no podrán hacerlo del proceso penal.
Tres magistrados consideran que las medidas coercitivas “desdibujan” el papel del Constitucional