El juez libera a los cargos detenidos y les impide colaborar en el proceso
Los seis arrestados, imputados por desobediencia, malversación y prevaricación
Los altos cargos del Govern y técnicos informáticos detenidos el pasado miércoles quedaron en libertad ayer después de 55 horas. Todos se ciñeron al mismo guión y se negaron a declarar ante el titular del juzgado de instrucción n.º 13 de Barcelona, que investiga la causa. Esgrimieron que con el sumario todavía secreto carecen de elementos para poder defenderse.
El juez después de cumplir con el interrogatorio decretó la libertad de los seis arrestados con la condición de que comparezcan cada semana ante el juzgado. La fiscalía no se opuso a que quedaran en libertad, pero propuso que todos los detenidos fueran apercibidos para que dejaran de trabajar en favor del proceso independentista. El juez lo estimó pertinente e impuso como medida cautelar que los arrestados se comprometieran a no participar en los preparativos del referéndum y abortaran la creación de las llamadas estructuras de Estado. Las medidas que ordenó el juez fueron distintas en función de si los investigados eran altos cargos del departamento o trabajadores que colaboraban en los preparativos del referéndum.
Para los altos cargos del Govern el magistrado requirió que dejaran de crear estructuras de Estado. El aviso fue para las personas de confianza de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové, hasta ayer secretario general del departamento, y Lluís Salvadó, secretario de Hisenda. Para los técnicos informáticos el juez advirtió que se abstuvieran de parsión. ticipar en la organización del 1-O. Los apercibidos fueron Josuè Sallent, responsable del CTTI; Juan Manuel Gómez, técnico informático de la Conselleria d’Economia i Hisenda; Rosa Maria Rodríguez Curto, directora general de T-Systems, y Pep Masoliver, técnico informático de la fundació.Cat.
El único que pidió aclaraciones al juez fue el secretario general de Hisenda, Lluís Salvadó, que instó al juez a darle más detalles sobre qué significaba dejar de crear estructuras de estado. El juez le respondió con un ejemplo: no se pueden recaudar impuestos no autorizados para llevar a cabo objetivos ilegales.
Los delitos que finalmente el juez imputó a los detenidos fueron desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, este último delito acarrea penas de pri- Quedaba excluida la sedición a pesar de que cuando se leyó los derechos de los detenidos se les informó de que estaban imputados por ese delito. La enumeración de este delito se produjo ayer por parte del juez antes que los arrestados empezaran a declarar y el miércoles cuando la Guardia Civil fueron arrestados para proceder al registro de sus domicilios y despachos.
La sedición era el delito más grave que figuraba en la querella que presentaron el partido ultraderechista VOX y el particular Miguel Duran y que sirvió de arranque de toda la causa judicial. El sumario está secreto y lo seguirá estando. El mismo día del operativo el juez decidió prorrogarlo un mes más. El argumento que esgrime es que “la discreción resulta fundamental para que las diligencias puedan alcanzar un resultado adecuado”.
Las defensas sospechan que sus clientes llevan meses con el teléfono intervenidos para obtener información sobre la organización del referéndum. La causa se inició en febrero y hasta ayer constaba de tres imputados: Santi Vidal, Carles Viver i Pi Sunyer y Lluís Salvadó. Este último recibió la notificación de que estaba siendo investigado el 21 de abril y desde entonces no recibió ninguna otra información al respecto. Ayer, su abogada presentó un incidente de recusación contra el juez al considerar que carece de independencia e imparcialidad.
Los abogados defensores denunciaron que sus clientes fueron esposados durante la declaración judicial. Las comparecencias duraron apenas quince minutos de media, pero la personación frente al juez se realizó con las esposas puestas. Algunos letrados recriminaron al juez la dureza de la medida, que se escudó en que el protocolo de seguridad correspondía a los Mossos.
Los seis detenidos salieron de las dependencias judiciales a las tres de la tarde en medio de los vítores de las doscientas personas que aguardaban bajo la lluvia al grito de “independencia”. Entre las personas que esperaban su salida estaban Oriol Junqueras y los consellers Raül Romeva, Meritxell Borràs, Dolors Bassa y Meritxell Serret, junto a altos cargos del Govern de otros departamentos. A la espera también se unió la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Los arrestados declararon esposados y el juez se escudó en el protocolo de Mossos