Una razón para suspender el referéndum
Para la legalidad constitucional y estatutaria, el referéndum del próximo 1 de octubre no puede celebrarse, porque el Tribunal Constitucional (TC) ha suspendido la normativa que lo ampara y ha prohibido a las principales autoridades de Catalunya que desplieguen las medidas necesarias para llevarlo a cabo. El otro campo se ha situado en un plano distinto: la Ley de referéndum de autodeterminación (LRA) afirma su superioridad jerárquica sobre cualquier otra que la contradiga (art. 3.2), de modo que se pretende inmune a cualquier intervención que sobre ella quiera ejercer el TC. Con esta premisa, me propongo situarme en el marco jurídico de la LRA. Desde ahí quiero argumentar la conveniencia de que se suspenda la convocatoria del próximo día 1 de octubre.
El capítulo VI de la LRA incluye el dispositivo de garantías, que reposa en la Sindicatura electoral, con sus correspondientes sindicaturas territoriales. Esa sindicatura se define como un órgano independiente e imparcial, adscrito al Parlamento de Catalunya. Sus competencias son de gran importancia: entre otras, efectuar el escrutinio general y certificar los resultados oficiales (arts. 17 y 18). Y, durante la jornada de votación, las sindicaturas territoriales (art. 22) deben tomar una decisión trascendental en el caso de que haya mesas electorales que no dispongan ni de presidente ni de vocales, titulares o suplentes. Deben determinar quién compone las mesas, incluso ordenando que las formen electores presentes en las colas que esperan para emitir su voto (art. 31.5). Esas tareas corresponden a la Sindicatura electoral, que no puede ser sustituida por el Gobierno de la Generalitat. Sería ilegal que lo hiciera, ya que la LRA no le faculta para ello.
Tras la amenaza de sufrir severas multas por parte del TC, la Sindicatura electoral ha dimitido. Y el hecho es que, sin ella, desaparece la pieza fundamental e irreemplazable del mecanismo de garantías con el que la LRA pretende dar credibilidad al referéndum. En estas condiciones sería conveniente suspenderlo. Es obvio que muchas personas, indignadas con los poderes del Estado que hacen imposible un referéndum creíble, se sentirán impelidas a votar de todos modos, como gesto de protesta. Me temo, sin embargo, que con esto no se va a cubrir la falta de garantías. Tal vez sería mejor que en lugar de expresar la protesta en un referéndum poco creíble, se canalizara en manifestaciones cívicas y democráticas como las que sabe organizar el independentismo catalán, y cuya fuerza expresiva todo el mundo reconoce.