No a cualquier precio
Es muy posible que, antes o después, se produzca una declaración unilateral de independencia de Catalunya. Será no sólo ilegal sino también ilegítima. Insensata e irresponsable. Dividirá Catalunya y a los catalanes y a una gran parte de estos con el resto de los españoles. Traerá –ya las conlleva su mero anuncio– graves consecuencias económicas, sociales y culturales y afectará a la estructura de la Unión Europea y excitará los peores instintos de los sectores más radicales. El Estado se defenderá de la agresión a su integridad y “sus poderes legítimos”, en expresión del Rey, tratarán de restaurar el orden constitucional y estatutario conculcado. Pero la pregunta es ¿Catalunya en España a cualquier precio?
No, a cualquier precio, en absoluto. Porque hacerlo por la fuerza militar y en todo caso por la que pudiera afectar a la ciudadanía escudera de los dirigentes que han llevado al país a esta deriva ya no cuenta entre las opciones de muchos españoles entre los que me cuento. Nuestra historia, mediata e inmediata, está repleta de episodios de coacción, unas veces legítima y otras ilegítima. Como vasco y como español, me declaro exhausto ante la sola posibilidad de que el Estado tenga que retener a Catalunya mediante la coacción física. La España del siglo XXI no puede –esa es la realidad, guste o no– permitirse un comportamiento, por legítimo que fuese, propio del siglo pasado e, incluso, del XIX.
La pelota no está en el alero del Estado ni de los españoles. Lo está en el de Catalunya y de los catalanes. Soy consciente de la gravedad de la afirmación que a continuación voy a formular: si el dilema consiste en tener a Catalunya por la fuerza o perderla, sería preferible lo segundo y no lo primero porque la segregación resultaría de la íntegra responsabilidad de los catalanes, independentistas y no independentistas, unos por acción y otros por omisión, que escribirían un siniestro capítulo en su historia porque la decisión unilateral se fundamentaría en un referéndum ilegal, fallido e inverosímil y en la ruptura unilateral del pacto constitucional de 1978.
El diálogo que propone la Generalitat sediciosa parte de un principio inasumible: ninguna condición previa. No hay negociación viable que no se articule sobre unas reglas de compromiso y estas sólo pueden ser las que establecen la Constitución y el Estatut. De modo que el diálogo que se propone desde el secesionismo es la postración del Estado a sus objetivos y propósitos. Sería otra forma, mucho más humillante, de perder Catalunya porque aquí se están concitando dos objetivos que confluyen en una revolución: el secesionismo y las fuerzas antisistema que pretenden un proceso constituyente que balcanice España.
En esta tesitura, los catalanes deberán asumir, con el actual control de las instituciones por los separatistas, su propio futuro y el resto de los españoles, el nuestro.
España se tendría que reinventar y Catalunya también. Seríamos más pobres, nuestras capacidades quedarían mermadas, los catalanes no pertenecerían a la Unión Europea y nosotros lo haríamos demediados, pero todo eso
–aun siendo extraordinariamente oneroso– nos libraría de nuestro demonio familiar: la utilización de la violencia, insisto, por legítima que fuese.
Soy vasco. Resistí allí, en mi tierra, hasta que, en atención a la educación de mis hijos y a su futuro, y a mi seguridad, tuve que refugiarme en el exilio interior. No hay día que no experimente la nostalgia de mi Bilbao, del mar Cantábrico, de mis amigos y de alguna parte de mi familia. Pero cuando salí de allí pensé que el País Vasco estaba condenado a la desesperación. Por fortuna no ha sido así. Pero Euskadi es una tierra convaleciente de un traumatismo sin precedentes en su historia.
El breve relato anterior trata de acreditar mi legitimación personal –insignificante pero que alcanzará en las páginas de La Vanguardia alguna notoriedad– para afirmarme, como otros muchos españoles, en que no queremos a Catalunya por la fuerza, que tampoco queremos una negociación que sea un armisticio o una abdicación de nuestra Constitución, trasvasamos
No queremos a Catalunya por la fuerza, tampoco negociar al margen de la Constitución, trasvasamos toda la responsabilidad a quienes deciden la insensatez de la DUI
toda la responsabilidad a quienes están decidiendo la insensatez de la declaración unilateral de independencia. Que recaiga sobre ellos, no sobre el Estado ni sobre nosotros, sus ciudadanos, la dura losa de ejercer la violencia. Catalunya ha comenzado a dejar de ser un problema sólo español para ser un problema planteado en otros términos: Catalunya es un problema de los catalanes.
Si los catalanes aceptan el despropósito, si lo asumen conscientes de sus consecuencias, si la mayoría silenciosa –si es que es mayoría como parece que lo es– persiste con los labios sellados, si la minoría que gobierna (mejor: que manda, que agita, que revoluciona) sigue en su huida hacia delante, que no nos pidan a los españoles que sumemos un episodio más de coacción estatal sobre el Principat. Ese es, en pleno siglo XXI, un precio que España no debe pagar porque le hundiría en los peores tópicos que afectan a nuestra autoestima. Y si este es un nuevo 98, que lo sea pero con la conciencia de que la decisión no fue nuestra sino de los sediciosos. No les relevemos de sus culpas echando sobre las espaldas del Estado democrático tan duramente construido la insoportable tarea de restaurar los destrozos que los españoles no hemos causado.
El mundo ha cambiado de forma copernicana en estos últimos años. Los nacionalismos más emergentes y los populismos son reacciones impotentes a la nueva realidad global. Es en la que tenemos que vivir.
En ese nuevo contexto, emplear la violencia para hacer efectiva la razón jurídica y democrática –ambas distorsionadas en la Catalunya de hoy– no es contemporáneo. Reitero: es un precio que España no debe pagar.
La historia ya le ha dispensado de hacerlo. Que sean los decisores los que asuman la consecuencia de sus actos.