La crisis política amenaza con restar 13.400 millones al PIB en el 2018
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Con el nuevo plan presupuestario, el Gobierno español cuantificó el lunes por la noche el probable impacto económico de la inestabilidad por el conflicto catalán en unas tres o cuatro décimas del PIB. En el documento enviado a Bruselas, explicó que la desaceleración en la actividad económica del 2018 sería más acentuada, por lo que la previsión de crecimiento pasaba del 2,6% al 2,3%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) avaló ayer el cuadro macroeconómico remitido a la Comisión Europea, aunque se mostró más pesimista al alertar de que el impacto calculado por el Ejecutivo “parece contemplar un escenario en el que la crisis institucional tendrá una corta duración”. La clave está pues en cuánto se va a prolongar la inestabilidad política, insistieron fuentes de la Airef. Según sus estimaciones, la economía corre el riesgo de perder entre 0,4 puntos, si la situación es temporal, y 1,2 puntos del PIB, si “se prolonga hasta el 2018”. Así, la factura amenaza con alcanzar entre 4.500 millones y 13.400 millones de euros.
El impacto será “relevante”, concluyen en la Airef. Hasta el punto de que su previsión de crecimiento para el 2018 ha pasado de esperar un ritmo del 2,7% a la nueva horquilla de entre el 2,3% y apenas el 1,5%. Un frenazo muy significativo si se tiene en cuenta que el organismo presidido por José Luis Escrivá se suma a quienes consideran aún factible cerrar el año con un incremento del 3,1% del PIB –revisado el lunes por el Ministerio de Economía–.
Fuentes de Airef aclaran que esta previsión para el 2017 no implica que hasta el próximo año no se note la incertidumbre en la actividad económica. Sus técnicos defienden en realidad que “el efecto no es tan importante, porque partimos de un crecimiento ya alto y la economía española tiene mucha inercia”. Así calculan que en el último trimestre el PIB debería crecer al 0,4% –estiman que hoy en día lo está haciendo al 0,8%– para cerrar el año por debajo del 3%.
Desde el organismo encargado de velar por la estabilidad de las cuentas públicas insisten en la dificultad metodológica para evaluar el impacto de la situación, aunque sí detallan que en sus estimaciones sólo tienen en cuenta el “componente común al conjunto de la economía española”. Y avisan además de que se debe añadir en qué medida afectará la “perturbación más directa” al tejido productivo catalán –“disrupciones en la actividad económica, deslocalizaciones...”–, pero en este caso se confiesan incapaces de cuantificarlo mínimamente. A este cóctel añaden también los denominados efectos de desbordamiento o de segunda ronda que se pueden producir posteriormente en el resto de comunidades autónomas, dado el importante peso de Catalunya en el conjunto de la economía española.
EL PEOR ESCENARIO Según la Airef, el próximo año la actividad puede crecer sólo un 1,5%
LA META DE DÉFICIT, MÁS LEJOS La incertidumbre supone también un riesgo para el desfase presupuestario
2017
El organismo ve probable cerrar el año al ritmo previsto de crecimiento del 3,1%
De todas formas, el organismo que dirige Escrivá puntualiza que no sólo prevén, como el Ejecutivo de Rajoy en el plan presupuestario del 2018, que la incertidumbre ralentice el consumo, sino también esperan un retroceso en la inversión. “La incertidumbre genera ‘ruido’ en el proceso de toma de decisiones” de las familias y las empresas, explican. El organismo señala que en el plan presupuestario apenas se ha revisado a la baja la previsión de inversión para el 2018.
Aparte del riesgo de descenso en el PIB del 2018, la Airef advierte también del riesgo de un efecto negativo en el cumplimiento del déficit. De persistir la crisis institucional, el saldo presupuestario empeoraría entre 2 y 5 décimas, alejándose del objetivo para el próximo año del 2,2%. La previsión del organismo independiente es menos optimista que la del Gobierno, que en el plan presupuestario ha fijado un desfase entre gastos e ingresos del 2,3%. La Airef teme que la inestabilidad política conlleve una reducción en los ingresos públicos y dificulte también el cumplimiento del objetivo de déficit por el efecto denominador del PIB.