Una juez resolutiva y sin hipotecas
Carmen Lamela, la magistrada encargada del proceso por sedición contra Trapero, Sànchez y Cuixart
Carmen Lamela –la juez que instruye el proceso por sedición contra Sànchez, Cuixart y Trapero– es una magistrada de lo penal ya muy curtida, con más de tres décadas en la carrera. Tiene 56 años, lleva apenas dos en la Audiencia Nacional, y ya se ha hecho una imagen de magistrada ejecutiva, muy resolutiva, que lleva los procesos con diligencia.
Uno de sus compañeros que ha compartido con ella carreras paralelas dice que Lamela –casada con un magistrado de lo civil y con dos hijos– es “valiente y responsable”, y añade que no se arrima a árbol alguno en busca de buena sombra y cobijo. Lamela no pertenece a ninguna de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. El Ministerio del Interior, a su vez, acaba de condecorarla. “Bah, eso no tiene significación política –dice el mismo magistrado–, Interior ha dado medallas a muchos jueces de la Audiencia Nacional”.
Lamela ingresó en la carrera judicial en 1986. Pasó primero por Orihuela, Badalona y por la Audiencia de Barcelona. Luego saltó a Madrid. Ha pasado, pues, por los juzgados de instrucción de la plaza Castilla –un hervidero que opera a modo y con apariencia de zoco de la justicia en la capital– y por la Audiencia Provincial madrileña.
En esa carrera estrictamente judicial hubo un paréntesis para acudir como asesora en auxilio del exministro de Justicia Fran Caamaño (PSOE), en una etapa en la que se necesitaban brazos para tratar de impulsar a fondo la informatización de los órganos judiciales. La experiencia duró tres años. El director general encargado de las tareas de modernización era José de la Mata, actualmente juez titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia, el que lleva la causa contra la familia Pujol, entre otras muchas. Otro dato: la hermana de Lamela, María Luisa, es la interventora general del Estado. Es decir, tiene firma en algunas de las decisiones más importantes del aparato estatal.
La etapa de Lamela en el Ministelo. rio de Justicia es un dato que ha pesado especialmente para que en los ámbitos de la magistratura todo el mundo la identifique como jurista progresista. Lamela ejercía funciones técnicas para la extensión de los programas y hábitos informáticos. No estaba, en suma, en el núcleo de colaboradores más próximos a Caamaño, pero como decía un antiguo vocal del Poder Judicial, “un ministro no te llama para que formes parte de su equipo si considera que estás en otra órbita ideológica”.
Lo de resolutiva, a su vez, se percibe fácilmente en los autos que dicta. Disecciona los problemas, y va al grano. Esto hay. Esto me parece. Esto decido. Expuesto con claridad y con pocos adornos. Pero no es sólo cuestión de estilo en la escritura. Es cuestión de carácter. Basta oírla dar órdenes. Esto es así. Esto se tiene que hacer asá. Esto ha de quedar resuelto mañana sin falta.
Su primer destino en la Audiencia fue como magistrada de refuerzo de la Sala Penal. Luego desempeñó transitoriamente el juzgado que ahora ocupa como titular, en sustitución de Javier Gómez Bermúdez –el juez que dirigió la vista del 11-M– cuando marchó como juez de enlace a París. Este mismo año, Lamela se propuso dar el salto a la presidencia de la Sala Penal, y tuvo posibilidades ciertas de conseguir- Su candidatura era bien vista por los vocales conservadores y por los progresistas. Estuvo a punto de fraguar un pacto entre todos ellos. Pero al final se impuso la dinámica de bloques y la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apoyó a la magistrada Concepción Espejel, más próxima a la corriente dominante.
A Lamela le gusta que le vengan de frente, por derecho, sin rodeos ni maniobras. No le sentó bien, por ejemplo, que la Guardia Civil mandara su segundo atestado a la Fiscalía.
Lamela formó parte del equipo del exministro de Justicia Fran Caamaño (PSOE), como asesora
La hermana de la magistrada es la interventora general del Estado, con firma en decisiones clave
Tal vez por ello se negó a suspender el primer interrogatorio de Trapero, Sànchez y Cuixart cuando los fiscales se lo pidieron. La Fiscalía prefería dar tiempo a que se aclarase si Puigdemont había declarado o no la independencia de Catalunya. Y al retrasar los interrogatorios quería que este proceso sumara ya desde el principio no sólo los hechos de los días 20 y 21 frente a la Conselleria d’Economia, registrada por la Guardia Civil, sino todos los ocurridos entre dichas fechas y la del referéndum del 1-O. El propósito de esta estrategia era sumar nuevos datos para la inculpación del mayor de los Mossos, acusados de pasividad en el cumplimiento de la orden de impedir la celebración de la consulta.
Lamela ha respondido a esta estrategia llevando las cosas por sus pasos. Ha dejado la investigación de los hechos del 1-O para un momento ulterior. Trapero ha quedado en libertad. Sànchez y Cuixart, en cambio, han ingresado en prisión. Lamela ha utilizado el bisturí jurídico. Es resolutiva, pero no funciona a empellones.