La Audiencia estudia asumir todas las querellas sobre el 1-O

Lamela agruparía en un solo proceso la vertiente penal del referéndum

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela podría asumir en breve toda la investigación relacionada con la celebración del referéndum del 1-O, para lo que agruparía las diligencias instruidas por el el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona y las que posteriormente abrió la magistrada del TSJ de Catalunya Mercedes de Armas. Con toda probabilidad, la Fiscalía pedirá este reagrupamiento de las diligencias realizadas, con un doble objetivo, evitar la dispersión de las investigaciones y facilitar la instrucción en la Audiencia Nacional con el propósito de evitar presiones, directas o ambientales, sobre los órganos judiciales de Catalunya, derivadas de la tensión política existente.

A lo largo de esta semana ya ha habido contactos entre la Fiscalía General del Estado y la del TSJ de Catalunya con el fin de estudiar dicho reagrupamiento. La propia juez Lamela, a su vez, no es en principio contraria a la acumulación de todas las diligencias. No obstante, para ello sería preciso que el juzgado que dirige dicha magistrada, el juzgado central de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, decida ampliar la actual investigación que realiza por el delito de sedición, hasta ahora circunscrito a los hechos de los días 20 y 21 de septiembre pasado, cuando unos 40.000 manifestantes se concentraron frente a la Conselleria d’Economia. La juez ha dicho hasta el presente que sus diligencias por el delito de sedición se centran en esos episodios. Pero los atestados de la Guardia Civil los relacionan con la estrategia global del Govern y las fuerzas independentistas y con los hechos del 1-O. La Fiscalía ha asumido en líneas generales las tesis de la Guardia Civil y va a solicitar que se acuerde dicha ampliación a los hechos de la jornada del referéndum.

El reagrupamiento de todas las investigaciones sería el paso inmediatamente posterior. A partir de ese momento, el proceso ya no afectaría sólo al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, sino también a los detenidos en la operación y los registros del día 20 de septiembre, entre ellos Josep Jové, mano derecha del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras. Con ello la Audiencia Nacional tendría bajo su jurisdicción a los cargos intermedios de la administración catalana investigados por su labor de apoyo a la organización del 1-O. En el TSJ de Catalunya quedarían las querellas contra los altos cargos aforados, los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament.

Las diligencias contra Jové y los detenidos del 20-S se unirían a las del proceso por sedición contra Trapero, Sànchez y Cuixart