Tiempo para las concesiones
MARIANO Rajoy recibió ayer otra carta de Carles Puigdemont. El presidente del Gobierno esperaba leer en ella una explicación clara sobre si el presidente de la Generalitat proclamó o no la independencia de Catalunya el 10-O, ya que la anterior misiva no le despejó la duda. Pero en la carta de ayer había más reproches que otra cosa. Puigdemont acusaba al Gobierno de “impedir el diálogo y continuar la represión”. Y concluía amenazándole con un voto formal del Parlament por la independencia “que no votó el 10 de octubre”.
Este fragmento final no bastó para que el Gobierno se diera por enterado. Por ello indicó en su comunicado que seguiría con el trámite del artículo 155, y denunció la actitud de los representantes de la Generalitat, caracterizada a su entender por “buscar deliberada y sistemáticamente el enfrentamiento institucional”.
Estamos pues más cerca que nunca de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que traería la suspensión, en mayor o menor grado, de la autonomía catalana. Mañana sábado se reunirá un consejo de ministros extraordinario con el propósito de aprobar las medidas que luego elevará al Senado. Faltan muy pocos días para que se complete la tramitación y el 155 deje de ser una posibilidad para convertirse en realidad.
Núria Marín, alcaldesa de l’Hospitalet de Llobregat, declaró al poco de conocer el contenido de la misiva: “Estoy harta de cartas poco claras y amenazadoras, los dos presidentes deben buscar una solución desde el diálogo y la política”. La política socialista se hacía así eco de una opinión muy extendida en Catalunya, que contempla descorazonada la pertinaz incomunicación entre Madrid y Barcelona.
La carta de Puigdemont a Rajoy tampoco es, pues, la que les hubiera gustado leer a todos los catalanes que esperan de los políticos más soluciones que problemas. Hubieran preferido otro contenido y otro tono. Es cierto que las detenciones de independentistas no son un buen lubricante para el diálogo. Tampoco lo son las amenazas, que mal se compadecen con una charla de espíritu positivo. Pero todavía es más cierto que ni una DUI ni una aplicación del artículo 155 mejorarían la situación presente. Al contrario, la empeorarían y aumentarían las dificultades para hallar una salida al laberinto en el que se ha atrapado a los catalanes.
Queremos ser optimistas, incluso ante un horizonte sombrío. Quedan días por delante antes de alcanzar y rebasar el punto de no retorno. Si releemos las notas cruzadas ayer podemos descubrir algún destello de esperanza. Puigdemont reitera en su carta “nuestra voluntad de diálogo”. El Gobierno cita en el comunicado su deseo de recuperar “la convivencia pacífica”. Nos gustaría pensar que esas palabras no son mera retórica. Pero para sustanciarlas es imprescindible que las partes se hagan concesiones. Sin ellas, toda invitación al diálogo será insincera y baldía. El Gobierno tiene que empezar a ofrecer algo más que ley y fiscales. La Generalitat ha llegado ya muy lejos y debe sopesar la ventaja de parar y convocar elecciones, probablemente la opción menos mala para el conjunto del país. Entre otros motivos, porque la independencia no es viable en el marco español ni en el europeo. Ayer lo recordaron la canciller Merkel y el presidente Macron, al abundar en su apoyo al Gobierno español, mientras Tajani, el presidente de la Eurocámara, insistía en que nadie reconocería la independencia catalana. Más claro, el agua.