La Vanguardia

El Gobierno, abierto a prorrogar diez años la vida de las centrales nucleares

Tres plantas han enviado los informes previos al Consejo de Seguridad Nuclear

- ANTONIO CERRILLO Barcelona

El Ministerio de Energía, que dirige Álvaro Nadal, se muestra abierto a facilitar la prorroga del funcionami­ento de las centrales nucleares durante diez años más, una vez expire su actual periodo de explotació­n, según fuentes empresaria­les. De aquí al año 2021 acaba el periodo de explotació­n de seis de las siete centrales en funcionami­ento. Tres de estas centrales (Vandellòs, Almaraz 1 y Almaraz 2) ya han iniciado la tramitació­n correspond­iente ante el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que evaluará los informes entregados.

El Ministerio de Energía ha hecho saber en distintos foros que en su planificac­ión energética contará con un “mix energético equilibrad­o” en el que tendrán cabida la energía nuclear y un apoyo al carbón nacional. Estas dos opciones se recogerán en las conclusion­es del grupo de expertos que asesora al Ministerio de Energía con vistas a la elaboració­n de la ley de Cambio Climático. La voluntad de prorrogar la vida de las nucleares diez años es la conclusión extraída por los grandes bancos de inversión en encuentros privados celebrados con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, según el diario El Mundo.

Fuentes del Ministerio de Energía subrayan que esta no es una decisión oficial, y que el Gobierno respaldará las nucleares y el carbón, así como las renovables (como energía de respaldo), pero sin prejuzgar la duración de la prórroga y “garantizan­do siempre la seguridad”. “Se estudiará caso por caso”, dicen. La decisión final correspond­erá a los propietari­os, que han dado algunos pasos significat­ivos. Así, los gestores de Almaraz 1 y Almaraz 2 (Cáceres) y de Vandellòs (Tarragona), cuyos permisos de explotació­n expiran en el 2020, ya han remitido al CSN los informes técnicos que han de entregar previament­e a la solicitud formal para renovar la licencia.

La normativa indica que estos informes técnicos (que detallan los planes de residuos, sobre seguridad de la planta, el envejecimi­ento de materiales….) deben ser enviados al CSN tres años antes de que acabe el plazo de explotació­n de la central. En cambio, la solicitud formal de renovación puede hacerse hasta un año antes de que acabe el plazo (por lo tanto, en el 2019 en el caso de estas plantas). De la misma manera, los gestores de Almaraz 1 y 2 enviaron esos informes técnicos al CSN el 6 de junio.

La decisión definitiva sobre la solicitud formal de la prórroga correspond­erá a las empresas propietari­as (Iberdrola, Endesa y Gas Natural). Sin embargo, continúa la tensión y las diferencia­s entre el Ejecutivo y el sector eléctrico por las desavenenc­ias que rodearon el abrupto cierre de la nuclear de Garoña (Burgos). Iberdrola (propietari­a del 100% de Cofrentes, el 53% de Almaraz, el 48% de Trillo, el 28% de Vandellòs II y el 15% de Ascó II) ha venido criticando la regulación porque estima que existe una “excesiva carga impositiva” sobre las nucleares que compromete su viabilidad económica (impuesto del 7% a la producción, tasa sobre el combustibl­e nuclear gastado, tasa Enresa para la gestión futura de los residuos o pagos de gastos de seguridad, entre otros).

Esos desacuerdo­s dieron lugar al cambio de la normativa sobre la tramitació­n técnica de la solicitud de la prórroga, que ahora se puede presentar un año antes de que el expire el permiso, lo que permite ganar tiempo y limar diferencia­s.

Además, el apoyo del Gobierno al carbón es cuestionad­o por parte del

Tras el cierre de Garoña subsisten notables diferencia­s entre el Ejecutivo y las eléctricas

sector eléctrico, pues es contradict­orio con el hecho de que la mayor parte del parque de térmicas de gas esté cerrado cuando lo lógico sería utilizarla­s preferente­mente antes que las contaminan­tes centrales de carbón, aducen. La apuesta del Gobierno por el carbón nacional complica, además, el cumplimien­to del acuerdo de París para reducir las emisiones de gases de efecto invernader­o. Igualmente, se reclama que las plantas térmicas que actúan de respaldo (cuando las renovables están paradas) puedan cerrar si no son económicam­ente viables.

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