La oposición en bloque tumba las propuestas fiscales del gobierno local

Más que previsible. Ni por el flanco unionista ni por la vía soberanista. El gobierno de Ada Colau, que en el panorama actual parece en ocasiones el más centrista de todos, atrapado entre dos bandos antagónicos, parece condenado a aprobar las ordenanzas fiscales para el año que viene mediante una prórroga. Ayer, en el primer trámite al que se enfrentaba la propuesta de impuestos y tasas locales del gobierno, el primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, en la comisión de Economía y Hacienda, sólo recibió noes por respuesta. De nada le sirvió apelar a la importancia de “preservar el interés general de la ciudad” en un momento de inestabilidad política que, tal y como dejó entrever el número dos del Ayuntamiento, puede entorpecer la buena velocidad de crucero que había alcanzado la economía local. El mismo camino marcado por las ordenanzas es el que le espera, salvo un giro de guión hoy por hoy insospechado, a los presupuestos municipales para el 2018, abocados a aprobarse mediante una moción de confianza.

Los efectos del conflicto entre los gobiernos español y catalán impregnan todos y cada uno de los debates municipales. El de las ordenanzas no fue la excepción. Así, Carina Mejías (Cs) incidió en la “inseguridad jurídica” y la “inestabilidad política” que, afectará cada vez más a las familias y las pequeñas y medianas empresas, mientras que Javier Mulleras (PP) lamentó que estas medidas fiscales no tengan un efecto compensador de la situación sobrevenida y sirvan para reincentivar la actividad económica .

Los independentistas pasaron de puntillas sobre los problemas económicos vinculados al conflicto político y cuestionaron aspectos como las propuestas en relación con el IBI o la falta de ambición para gravar a una parte de la actividad turística, la que protagonizan los excursionistas que no pernoctan en la ciudad. Las ordenanzas, por ahora y de forma casi definitiva, tienen el voto en contra de los grupos Demòcrata, de Cs, de ERC, del PP y dela CUP, que ayer tampoco asistió a la sesión.

Las ordenanzas fiscales deben aprobarse inicialmente en octubre para cumplir con los plazos de exposición pública y puedan aprobarse en el pleno antes de que acabe el año. La propuesta mantiene congelado el IBI en el caso de la vivienda, pero introduce una nueva bonificación del 95% de la cuota en el caso de los pisos sean destinados al arrendamiento social y gestionados por la Bolsa de alquiler de Barcelona.