La Vanguardia

El Congreso anula el ‘descuelgue’ en empresas con contratos públicos

- MADRID Efe

El Congreso de los Diputados aprobó ayer definitiva­mente la ley que regirá los contratos del sector público y que no establecer­á como prioritari­os los convenios de empresa frente a los sectoriale­s, lo que se conoce como descuelgue. El pleno rechazó con los votos del PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y PDECat las tres enmiendas que el PP había introducid­o en el Senado al argumentar que pretende redundar en la reforma laboral aprobada en el 2012 y que sólo recibieron el apoyo de Ciudadanos.

La nueva ley de contrataci­ón del sector público, que transpone dos directivas europeas, incorporó en el Congreso 975 enmiendas de las 1.081 que había registrado, protege a los subcontrat­istas y permitirá que la Administra­ción pueda pagarles directamen­te, al tiempo que elimina la cláusula del pacto entre las partes en los plazos de pago. También establece la obligación de la factura electrónic­a y una oficina independie­nte de regulación que supervise los contratos y garantice la libre concurrenc­ia. Pone un límite a los modificado­s en los contratos firmados en los pliegos con las empresas privadas, para que no superen el 20% del importe contratado y obliga a las empresas concesiona­rias a asumir los riesgos económicos de la construcci­ón y explotació­n de las obras o servicios que prestan a la Administra­ción.

Las cláusulas sociales y medioambie­ntales están presentes en toda la ley, al tiempo que se reserva un porcentaje de contratos para empresas de inserción laboral y discapacid­ad. Asimismo obliga a trocear en lotes los contratos susceptibl­es de fraccionam­iento para que las pymes puedan acceder a la contrataci­ón pública y las empresas de nueva creación no tienen que acreditar trabajos anteriores con la administra­ción para poder acceder a ella. Además, garantiza la posibilida­d de rescindir los contratos por impago de salario y da mayor transparen­cia a la publicidad de los contratos menores, que rebajan su cuantía.

PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDECat tumban en el sector público parte de los efectos de la reforma laboral

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