Los sindicatos de los Mossos dicen que acatarán la legalidad
Zoido busca un comisario autonómico para dirigir el cuerpo
Más que nunca en estos momentos, complicados y convulsos, cuesta escribir o hablar en nombre de los 17.000 mossos d’esquadra. Nadie puede ejercer de portavoz. La policía catalana está como la sociedad, dividida. Pero son funcionarios, armados, reciben órdenes y tienen el deber de obedecer. El Ministerio del Interior ya trabaja en preparar cómo será la aplicación del 155 a los Mossos d’Esquadra. La intención es apartar al mayor Josep Lluís Trapero, y conseguir que sea un comisario del propio cuerpo quien tome las riendas de la organización durante el tiempo que dure el control. Pero ¿quién? Interior confía en que los agentes obedecerán las nuevas órdenes.
Más que preguntar mosso por mosso, ayuda a entender qué puede pasar a partir de la semana que viene hablar con los portavoces de los principales sindicatos: Fepol, SME y SPC.
En líneas generales los tres coinciden en que como profesionales de la seguridad pública deberán cumplir las órdenes, siempre que se den en un marco de legalidad. Después podrán producirse comportamientos y actitudes individuales, pero los interlocutores consultados entienden que a la tropa no le queda más margen que la obediencia al mando.
Se desconoce aún qué hará o qué podrá hacer el Ministerio del Interior. Hoy por hoy, si el equipo de Juan Ignacio Zoido ya ha tanteado a algún mando de los Mossos, la gestión se ha hecho muy discretamente, porque nadie reconoce en privado haber sido sondeado. Tampoco se sabe a ciencia cierta qué pretende cambiar exactamente la Moncloa del día a día de la policía catalana. Los Mossos d’Esquadra son una organización madura que estos días está viviendo unos momentos tensos, muy complicados entre compañeros de toda la vida. Pero la máquina funciona. Los agentes de tráfico siguen sancionando a los infractores y velando por los conductores, los mossos de la unidad subacuática continúan buscando pistas en el fondo del pantano de Susqueda para ayudar a la unidad de desaparecidos en el crimen de los jóvenes del Maresme. Ayer mismo desde Interior se quiso lanzar un mensaje tranquilizador valorando “muy positivamente” la “responsabilidad y profesionalidad” con la que los Mossos d’Esquadra han trabajado y trabajan en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo yihadista.
A tenor de las reflexiones de ese mismo interlocutor del Gobierno, parece que la intervención estará dirigida a las actuaciones de los Mossos en materia de orden público. Porque las nuevas medidas que se quieren adoptar tienen como objeto “proteger la seguridad, garantizar la libertad y velar por la convivencia pacífica de todos los españoles, residan donde residan”.
Los Mossos, como todas las fuerzas de seguridad, tienen sus unidades especializadas en orden público. Son la Brimo, los antidisturbios, y las Arro. Luego están las patrullas que también gestionan conflictos de orden público, pero en menor escala. La aplicación del 155 estaría enfocada para que Brimo y Arro hagan uso de la fuerza ante futuros escenarios de resistencia, aunque esta sea pacífica. Evitando así que vuelvan a ser sólo los policías nacionales y los guardias civiles los únicos que reciban las órdenes de utilizar las porras.
Y qué harán los antidisturbios de Arro y la Brimo en esa circunstancia? Todas las personas consultadas para la elaboración de este reportaje coinciden en que “tendrán que obedecer”. Como obedecieron a sus mandos el pasado 1 de octubre y cumplieron la orden publicitada y comunicada a la juez Mercedes Armas de que se prohibía el uso de la fuerza policial para desalojar los centros de votación.
Estas reflexiones recopiladas en las últimas horas en distintas voces de todas las escalas de Mossos y sus sindicatos contrastan con las últimas declaraciones del conseller Raül Romeva, quien ayer aseguró en una entrevista a la BBC que los funcionarios catalanes no obedecerían a más superiores que a los actuales. Quizás no se refería a los Mossos.
La intervención prevé que la policía catalana siga actuando en el mantenimiento del orden público