La Vanguardia

La fiscal dice que la red Gürtel vivió a base de sobornos a cargos del PP

El ministerio público describe a una trama dedicada a “esquilmar arcas públicas”

- JOSÉ MARÍA BRUNET Madrid

La fiscal Concepción Sabadell, que lleva ya muchos años dedicada al caso Gürtel, expuso ayer sus conclusion­es definitiva­s sobre este asunto en términos de apisonador­a. Ella fue quien presentó la querella inicial, hace casi una década, en el 2008. Y ayer pudo decir ante el tribunal, en la fase final del juicio, que la prueba reunida contra los 37 acusados es “contundent­e y abrumadora”. ¿Qué es lo demostrado, a su juicio? Que la red de corrupción Gürtel fue “un modo de vida” para su cabecilla, Francisco Correa, quien durante años estuvo al frente de una trama para gestionar y obtener contratos públicos a cambio de sobornos a cargos del PP.

Esos sobornos –por los que la fiscal pide 125 años de prisión para Correa y 39 para el extesorero del PP Luis Bárcenas– fueron pagados con dinero de todos, sobre la base de lo que el propio Correa definió a lo largo de la vista como “un sistema” de actuación, consistent­e en intermedia­r entre empresas y responsabl­es políticos. El objetivo de tales contactos era asegurar la adjudicaci­ón de contratos a cambio del 3 o el 4 por ciento de comisión, “lo que fue un modo de vida para esta organizaci­ón constituid­a para delinquir”.

La red Gürtel –expuso la fiscal– sirvió para crear “un entramado societario” que usó “una caja B, una tesorería oculta, que se nutría de ingresos de las sociedades del grupo de Correa y de comisiones ilegales y que generaba dinero negro opaco a Hacienda para sobornos a autoridade­s públicas, en dinero en metálico o en forma de viajes pagados”. Este juicio se refiere sólo a la primera etapa de Gürtel, centrada en la Comunidad de Madrid y en sus ayuntamien­tos, singularme­nte en los de Majadahond­a y Pozuelo de Alarcón. Es sólo, por tanto, una parte del iceberg. Sin embargo, cabe decir que los acusados “esquilmaro­n las arcas públicas” al sustituir la libre concurrenc­ia de empresas para la obtención de contratos por un sistema de adjudicaci­ones amañadas en beneficio propio. Con ello llegaron a conseguir contratos por valor de ocho millones de euros. De ellos, un millón de euros sirvió para pagar comisiones. El de Majadahond­a –dijo– es “un claro ejemplo de cómo una organizaci­ón parasita un ayuntamien­to”, en beneficio propio y para “financiar y ahorrarle costes al PP”.

Pero la conclusión principal de la fiscal Sabadell es que cada caso concreto no fue más que un eslabón en la cadena de hechos de corrupción en los que consistía Gürtel. No hubo –dijo– actuacione­s puntuales, sino “una actividad duradera” para “enriquecer a todos sus integrante­s y apropiarse de fondos públicos quebrando la fragilidad de la contrataci­ón pública frente a la corrupción”.

El negocio era redondo, porque las comisiones no provenían del bolsillo de Correa ni de sus empresas. Los pagos –explicó Sabadell– se hacían con cargo a “los propios fondos públicos” que gestionaba­n los sobornados.

En su día, a la fiscal Sabadell quisieron apartarla del caso, igual que sucedió con el primer juez encargado de este asunto, Baltasar Garzón. El magistrado fue expulsado de la carrera judicial porque autorizó grabacione­s a los detenidos en prisión. Aquellas pruebas fueron anuladas, y las defensas pidieron, entonces y ahora, la anulación del proceso. Ayer, la fiscal pudo sostener que ninguno de estos antecedent­es del caso ha mermado el valor de las pruebas recogidas. “Ni una sola acusación –dijo– deriva de las conversaci­ones en prisión”.

Hay, en suma, mucho rastro documental de las actividade­s de Gürtel. Uno de los más curiosos, un expediente hallado en un registro. Es la carpeta de una sociedad llamada Trafinsa. ¿A qué se dedicaba? Se trata –dijo Sabadell– “de las iniciales de Tráfico de Influencia­s SA, muy representa­tivas de la actividad de los acusados”. La dirección popular, a su vez, pidió que la justicia “haga pagar” a los que se lucraron “usando las siglas del PP”.

Las comisiones fueron del 3% y del 4% , llegaron a los 8 millones de euros y se pagaron con dinero público

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JJGUILLEN / EFE José Luis Bárcenas a la entrada en la Audiencia Nacional antes de que el fiscal hiciera públicas sus conclusion­es

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