El caso catalán
Catalunya ha forjado una cultura política que se mueve constantemente en el terreno de la ambigüedad, gestionada por políticos que sólo pueden expresarse en el umbral entre lo dicho y lo no dicho. Este carácter político queda perfectamente sintetizado en el modo en que Aldo Moro, según Leonardo Sciascia, tuvo que posicionarse en la democracia cristiana italiana: “Tuvo que intentar decir con el lenguaje del no decir, hacerse entender utilizando los mismos instrumentos que había experimentado y adoptado para no hacerse entender…”. No se trata de mentiras o engaños sino de una forma distinta de hacer política, basada en comunicar siempre lo incomunicable, como ha sido el caso catalán de la DUI. Por el contrario, en la capital de España la política ambigua es sancionada y considerada negativa. España apuesta por la claridad y la exige con rotundidad, sobre todo, para emitir y expresar críticas contra el adversario político. Por eso, en Catalunya sorprende tanto el tono de algunos políticos españoles que no son capaces de matizar y medir su claridad expositiva.
La cuestión que debemos preguntarnos es por qué en Catalunya se considera la ambigüedad como una virtud política mientras que en Madrid lo es la claridad. En Madrid, la política se hace defendiendo las posiciones, evitando comprometerlas con extraños movimientos. En Catalunya, al carecer de poder real y efectivo, sólo se puede hacer política moviéndose constantemente en todas las posiciones inimaginables con el fin de mantener la ilusión de su electorado. La política que se forja en Madrid es la de la claridad del BOE, la justicia y el poder económico. La de Catalunya lo hace basándose en la astucia, las emociones y el esfuerzo de la movilización permanente del pueblo. Estas dos concepciones políticas tan enraizadas en la psicología de ambas partes provocan una constante tensión que lleva a moverse en un centro oscuro donde, cada cierto tiempo, como ha ido ocurriendo a lo largo del siglo XX, se siente un vértigo político cuando ya parece ser demasiado tarde para alcanzar una solución. La nueva fase política en la que nos encontramos debería obligar al Govern de la Generalitat a rectificar su posición para salvaguardar las instituciones catalanas y al Estado español a tener la máxima prudencia política si aplica el 155.