El Govern obliga a recuperar las horas perdidas en el “paro de país”
UGT y CC.OO. se oponen y acusan a la Generalitat de haberles ocultado el cambio
El Govern de la Generalitat aprobó hace dos semanas un acuerdo por el que cambiaba unilateralmente y por sorpresa el trato que dio a sus funcionarios el día del “paro de país” del 3 de octubre obligándoles a recuperar las horas no trabajadas. UGT y CC.OO. se oponen a recuperar nada alegando que el paro de 24 horas no fue una decisión de los 220.000 trabajadores públicos sino de la Administración que lo impulsó de forma unilateral.
El acuerdo no se hizo público tras la reunión del consell de Govern del día 10 a diferencia de lo que sucede normalmente en estos casos. El cambio de posición del Govern se produjo como consecuencia de la amenaza del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que descontaría de la nómina de los funcionarios el día no trabajado. El Govern cree que si recuperan las horas no será necesario recortar el sueldo como amenza Hacienda, que es quien gestiona las cuentas de la Administración catalana.
Fuentes del Departament d’Economia explicaron ayer que no se publican todos los acuerdos de Govern. El pacto implica que los trabajadores que participaron en el paro recuperen las horas no trabajadas durante un plazo de cuatro meses.
En la jornada del día 3 de octubre coincidió una huelga general –convocada por los sindicatos CGT, Intersindical, COS y otros– con una “paro de país” convocado por la Taula de la Democràcia en la que participan los principales sindicatos, las patronales de pymes y las entidades soberanistas. En ambos casos el parón era en protesta por la violencia policial ejercida por la Policía Nacional y la Guardia Civil durante el referéndum del 1-O que dejó más de un millar de heridos.
Los trabajadores que participaron en la huelga general se les recortará de la nómina un día de sueldo. En cambio, los trabajadores que participaron en el “paro de país” el recorte de sueldo dependía de lo que se pactara con la Generalitat. En algunas empresas, los trabajadores y la dirección acordaron paros parciales o simbólicos. En cambio, la Generalitat aprobó un paro total salvo en los servicios esenciales y urgentes (ver información adjunta).
Joan Maria Sentís, coordinador del área pública de CC.OO. de Catalunya, explicó que fue la Generalitat la que decidió unilateralmente pagar a los empleados públicos sin que fueran a trabajar. Carles Villalante, responsable de política institucional de la servicios públicos de UGT Catalunya, también se opuso ayer frontalmente a que los trabajadores recuperen nada.
En muchos casos el papel que ejerció la Generalitat fue en la práctica el de cierre patronal, de tal manera que los funcionarios aunque quisieran no tenían donde ir a trabajar. El caso más paradigmático fue el de las escuelas públicas donde el cierre de las instalaciones
MINISTERIO
La amenaza de Hacienda de recortar el día de paro forzó el cambio del Govern
SECTOR PRIVADO
En otras empresas se pactaron paros parciales o simbólicos para el día 3
el día 3 fue casi absoluto. Incluso en algunos centros no se respetaron los servicios mínimos normales que hay en una huelga ordinaria. En ese caso un profesor aunque hubiera querido ir a trabajar no podría haber entrado en su escuela. Por eso, CC.OO. y UGT rechazan que se pueda obligar a recuperar las horas.
En una dura circular interna, UGT pidió al Govern que “no intenten menospreciarnos ni insultar a nuestra inteligencia”. En ese mismo comunicado, el sindicato aseguró que el acuerdo del Govern de la Generalitat se produjo “sin ser consultada la representación de los trabajadores y trabajadoras y que no ha sido publicado en la web del Govern de Catalunya”.
Posteriormente al día 3, cuando coincidió la huelga general y el paro de país, los sindicatos mayoritarios convocaron nuevas huelgas generales. La patronal Foment consideró que aquella huelga era ilegal porque no obedecía a razones laborales, económicas o sociales sino de índole político. Por eso para las siguientes convocatorias presentó una denuncia por considerar que las nuevas convocatorias eran también ilegales. El TSJC decretó medidas cauteleras y se desconvocaron las nuevas huelgas.
Ayer, el secretario general de CC.OO., Javier Pacheco, declaró que “los sindicatos no vamos a contribuir a aumentar la escalada de tensión ni a extender el conflicto en las calles” y apostó por la negociación y el diálogo.