El TC inicia con dudas el estudio de la intervención del Gobierno catalán
Los magistrados repasan las sentencias del 35 y 36 sobre los Fets d’Octubre
El Tribunal Constitucional (TC) ya ha comenzado el estudio de las medidas que el Gobierno ha propuesto al Senado para intervenir la autonomía de Catalunya, en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Esta tarea se ha iniciado de manera informal, porque aún no hay recurso alguno sobre la mesa. Pero llegarán. La Generalitat y Podemos ya los han anunciado. Y en el prólogo de los debates que habrá que poner en marcha la impresión generalizada es que algunas de las medidas propuestas son muy duras y tendrán que ser analizadas en profundidad para que se les pueda dar el correspondiente aval. Hay dudas y reservas, en suma, de que el artículo 155 pueda estirarse tanto como ha hecho el Gobierno con sus decisiones del pasado sábado.
La duda más importante es la que se refiere al cese de todo el Govern de la Generalitat. El artículo 155 es genérico y abierto. Pero de ahí a decir que permite hacer cualquier cosa ante una supuesta situación de descontrol en una comunidad autónoma, va un trecho. La finalidad de dicho precepto –se subraya en el TC– es lograr que una medida o situación lesiva para los intereses generales, o un incumplimiento de normas u órdenes lícitas, se prolongue en el tiempo, y para ello se pueden remover obstáculos, pero teóricamente con carácter temporal. En este caso, la temporalidad proviene de los seis meses como plazo máximo para celebrar elecciones. Pero la remoción completa del Govern no es temporal, es definitiva, sin posible vuelta atrás.
En el TC se subraya que lo primero que habrá que analizar cuando se cuestione esta aplicación concreta del artículo 155 de la Constitución es si resulta proporcionada. Se trata de revisar en un contexto amplio el remedio propuesto por el Gobierno frente al proyecto de ruptura planteado desde Catalunya. ¿Era necesario pararlo de este modo? ¿Había alternativas en el actual marco constitucional? Estas preguntas se las están haciendo estos días los magistrados, en una especie de deliberación anticipada, en un ambiente de gran preocupación por la efectividad de las medidas adoptadas, ya que en el TC existe el temor de que tengan un rechazo más o menos amplio y cueste aplicarlas o que no se puedan llevar a cabo.
Hay que tener en cuenta que el TC suele ver con reservas la aplicación de medidas de intervención de las comunidades autónomas. Así, la sentencia 215/2014, relativa a un recurso de Canarias contra la ley de Estabilidad Presupuestaria –un contencioso con el que se llegó a plantear el uso del 155–, partió al TC en dos bloques. El ponente fue el actual presidente, Juan José González Rivas. La mayoría conservadora rechazó el recurso. Pero hasta cinco magistrados –Valdés, Xiol, Ortega, Asúa y Encarna Roca, actual vicepresidenta del TC– firmaron un voto particular en contra de las limitaciones al Gobierno de Canarias, argumentando que “la previsión de medidas ejecutivas de obligado cumplimiento supone que la Comunidad Autónoma queda intervenida en toda regla por el
El TC dictó un fallo en el que 5 jueces, entre ellos Encarna Roca, recelan de que el Estado pueda imponerse a una región
Estado”, en una situación que a su juicio no lo justificaba.
Ha sido el propio presidente del TC, Juan José González Rivas, quien ha alentado ahora el debate anticipado. Por decisión de González Rivas los magistrados han recibido un grueso dossier con documentación sobre todos los trabajos doctrinales que se han hecho sobre el artículo 155 de la Constitución.
La documentación incluye información sobre derecho comparado y algunas resoluciones que forman parte de la historia política y judicial del país. Por ejemplo, la sentencias del Tribunal de Garantías de la República contra la suspensión de la autonomía a raíz de los Fets d’Octubre del 34 y la que condenó al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, a 30 años de prisión por rebelión. La primera es de marzo de 1935 y esta última de junio de 1936. Unos meses más tarde, con Azaña en la presidencia de la República, se aprobaría un decreto de amnistía.
En el TC existe plena conciencia de que la sentencia que resolviera sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución sería una de las más importantes y trascendentales de su historia. Por eso y por la compleja situación política del periodo transitorio, una vez aplicado el 155, se le daría trámite de urgencia para dictarla cuanto antes mejor.