La Generalitat lleva la aplicación del 155 al Constitucional y al Supremo
Más allá del debate político, la reunión del Govern sí que sirvió para poner en marcha una serie de actuaciones en el terreno jurídico. Entre ellas, dos ante el Tribunal Constitucional: un conflicto de competencias y un recurso de amparo del presidente de la Generalitat en respuesta al requerimiento del Senado sobre la formulación de alegaciones. Y otras dos ante el Tribunal Supremo: un recurso contencioso administrativo a fin de que se declare nula la decisión del Consejo de Ministros de poner en marcha la aplicación del artículo 155, acompañado de la petición de medidas cautelarísimas para que se suspenda el acuerdo, y otro recurso también contencioso administrativo de cada uno de los miembros del Govern afectados por la medida –el presidente, el vicepresidente y los consellers individualmente– en defensa de sus derechos fundamentales.
La argumentación de todos los recursos es idéntica en el sentido de que el Gobierno español se extralimita en la aplicación del artículo 155 de la Constitución al pretender cosas que en ningún caso están previstas o que incluso fueron explícitamente descartadas por el legislador en el momento de su redactado, como es el caso de la destitución del presidente de la Generalitat y del Govern y de la limitación de funciones del Parlament. “Muchos catedráticos de Derecho Constitucional coinciden en que las medidas propuestas por el Gobierno del Estado sobrepasan todos los límites del porqué estaba previsto este artículo 155”, argumentó Jordi Turull, que justificó la decisión de llevar su aplicación a los tribunales españoles en la necesidad de “agotar todas las vías internas antes de ir a la jurisdicción internacional, a la que estamos dispuestos a recurrir”.
En relación con las consecuencias de la acción del Gobierno español en contra del proceso independentista el Govern decidió también, por otro lado, el relevo de los cargos del Departament d’Economia detenidos por la Guardia Civil en los registros del 20 de septiembre. En concreto, aprobó el nombramiento de Lluís Juncà, hasta ahora director de la oficina de Oriol Junqueras, como secretario general de Vicepresidència i Economia, en sustitución de Josep Maria Jové, y el de Albert Castellanos como secretario de Hisenda, en lugar de Lluís Salvadó.
Y entre los contenciosos que enfrentan a la Generalitat y al Gobierno, la financiación de programas sociales ha tomado relieve. La Taula del Tercer Sector lamentó la suspensión de las subvenciones para programas sociales, a lo que Hacienda respondió que el Govern no había solicitado el pago –unos 10 millones–, pero que cuando reciba la certificación los abonará.