Un país a la deriva

Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, mantiene a Catalunya montada en la vagoneta de una montaña rusa. No es una montaña rusa al uso, de ruta y velocidad prefijadas, sino otra imprevisible, que parece evolucionar desprovista de un timonel fiable.

Es una vagoneta que ya no sabemos quién pilota, y que está sometiendo a todos los catalanes embarcados en ella a la más mareante de las incertidumbres. Tras dos días de reuniones maratonianas, que se prolongaron mañanas, tardes, noches y madrugadas, y en las que intercambió impresiones con miembros de su partido y de la mayoría parlamentaria soberanista, también con su Estado Mayor en la sombra, el president amaneció ayer con el aparente propósito de convocar elecciones. Se dio incluso por buena una fecha, la del miércoles 20 de diciembre. Esa era, en opinión de la mayoría de los catalanes que asisten sobresaltados a tanto vaivén político y temen por el futuro colectivo, la opción más razonable. También era la opción conveniente para dar con la salida menos traumática a la enrevesada coyuntura política actual. A diferencia de una declaración unilateral de independencia (DUI), que comportaría la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución, y la consabida intervención de la autonomía catalana por el Estado, la convocatoria de elecciones propiciaba un guión de pacificación política y social que ahora mismo resulta tan deseable como urgente.

Sin embargo ayer, tras nuevas y agitadas reuniones matutinas, renovadas presiones del ala radical del independentismo, amagos de dimisiones si se seguía con el plan electoral y acusaciones de traición, Puigdemont pospuso una hora su declaración institucional prevista en el Palau de la Generalitat para las 13.30 horas. Y, poco antes de las 14.30 horas, se comunicó que esta segunda convocatoria quedaba anulada. Cuando finalmente apareció en público, sobre las cinco de la tarde, Puigdemont expuso un plan distinto del que iba a comunicar por la mañana. Afirmó entonces que si bien había considerado la posibilidad de convocar elecciones, recalcando que esa era su potestad, entendió que el Partido Popular no había dado garantías de que tal convocatoria bastaría para evitar la aplicación del 155. Y concluyó que ahora correspondía al Parlament proceder según lo determine su mayoría soberanista. En otras palabras, pareció descartar las elecciones, pasar la pelota a Junts pel Sí y la CUP, y dejar que sean ellos los que decidan si habrá declaración de independencia. La Cámara catalana se reunirá hoy y es probable que al fin salgamos de dudas. O no. En tal caso, no despejaremos la incógnita hasta que el Senado vote sobre la aplicación del 155 y hasta que el Gobierno la haga efectiva.

Durante los últimos cinco años, el Govern ha prestado más atención y energías al proceso soberanista que a la gestión del día a día. Esta situación dista de ser la ideal para cualquier país que aspire a progresar y a mejorar el bienestar ciudadano. En tiempos recientes, esta prioridad, además de alejarnos de la optimización de la gestión pública, ha ido adentrándonos en un bosque de incertidumbres. Y ya casi parece que hemos perdido la senda de vuelta y nos hemos instalado en ese bosque.

La incertidumbre no es buena para nadie ni para nada. No lo es para los ciudadanos, que ven turbada su cotidianidad y nublado su futuro. No lo es tampoco para la economía, dicho sea de modo explícito y sin atisbo de retórica: la fuga de empresas, la retracción de la inversión exterior y la caída del consumo interior –es decir, lo que ha ocurrido aquí en las últimas semanas– acaban teniendo consecuencias sobre la ocupación laboral. Tampoco es buena la incertidumbre para la política de este país. Ni para su imagen. La afirmación “El món ens mira”, que el soberanismo ha repetido ufano tantas veces, debe producirle ahora alguna inquietud. Porque el esperpéntico espectáculo ofrecido por el soberanismo a ese mundo que nos mira en los últimos días es de los que se recuerdan. Y no con admiración.

Puigdemont rindió ayer un flaco servicio a la imagen de seriedad que en todo momento debe tener la Generalitat. Sus vacilaciones causaron perplejidad. A los catalanes no les cuesta entender que su presidente tome una decisión, en un sentido u otro. Pero sí que reaccione a la manera de una veleta y se deje influir con facilidad por quienes rebaten sus opiniones hasta el punto de invertirlas. En suma, que no ejerza el juicio propio ni la autoridad que le confiere el cargo.

Su conducta también causó perplejidad entre los miembros del Gobierno central, que tras el episodio de ayer tendrán más dificultades para reconocer en Puigdemont a un interlocutor fiable, visto que sus opiniones experimentan giros copernicanos en momentos decisivos. Entre esa desconfianza y la recíproca, la que también siente Puigdemont hacia sus potenciales interlocutores en Madrid, se hace difícil avanzar por la vía del diálogo.

No es sólo eso. En estas últimas horas son numerosas las personas –políticos españoles con diversos cargos y de distintas filiaciones– que con la mejor voluntad han tratado de tender puentes que facilitaran el diálogo entre el Govern y el Gobierno. Buscaban, porque la consideraban perentoria, una posibilidad de entendimiento que permitiera desactivar el lesivo efecto del 155. Es más, alguno de ellos creía haber tejido las complicidades necesarias para que tal cosa pasara. Pero también ellos se sintieron decepcionados cuando el president, mal aconsejado, llevado más por la supuesta fidelidad a una causa que por el bien del conjunto del país, eligió la opción inadecuada, dejándoles en la estacada.

Las posibilidades de llegar ahora a una solución dialogada y pactada del conflicto, por la que La Vanguardia ha abogado repetidamente, y por la que cree imprescindible seguir apostando, son ahora menores, por no decir mínimas. Cada hora que pasa se reducen. La moderación está en retroceso –y eso no es buena noticia–, como ilustró anoche la dimisión del conseller Santi Vila. Han aumentado, en cambio, las posibilidades de que el Parlament proclame una DUI, así como las de que el Senado ultime la tramitación del 155 y de que el Gobierno le dé luz verde. A partir de ahí Catalunya puede entrar en una fase más tormentosa, con agitación callejera de difícil control. Todo ello puede suceder en un marco ya precario, con la sociedad dividida, con la economía menguada, con daños institucionales serios y con la imagen internacional de nuestra comunidad en caída libre. El enredo de ayer no contribuyó, ciertamente, a mejorar nada de eso. Y lo que puede pasar en días venideros no resulta alentador. Es cierto que algunos acuerdos se logran a última hora, sobre la campana, y que ayer el socialista Miquel Iceta invitó a Puigdemont para que acudiera hoy al Senado. Pero la ocasión perdida ayer merecía mejor suerte. Ahora mismo, Catalunya es un país a la deriva.