Puigdemont insiste en la DUI y aboca a Catalunya a la intervención
El president amaga con elecciones y da marcha atrás al considerar que no hay garantías de evitar el 155 Junts pel Sí propone hoy en el Parlament iniciar el proceso constituyente en aplicación del 1-O El Senado aprueba las medidas para hacerse cargo de la
De elecciones autonómicas el 20 de diciembre a fundido en negro. Ese fue el recorrido de Carles Puigdemont en cinco horas –de las 12 h a las 17 h– dentro de su despacho del Palau de la Generalitat. Una jornada convulsa –un “show desconcertante”, según algún conseller–, en la que el presidente de la Generalitat se replegó y cedió cualquier iniciativa política a la mayoría independentista en el Parlament, que hoy decidirá cómo afronta la aplicación del artículo 155 por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. La respuesta se sitúa en el terreno de la declaración de independencia, lo que supuso la dimisión del conseller de Empresa, Santi Vila.
La baja del conseller era una crónica anunciada. “Mis intentos de diálogo han fracasado de nuevo”, “mis planteamientos han quedado desautorizados por la realidad”, “espero haber sido útil hasta el último momento al president y a los catalanes”, se despidió. Pero la mayoría del Govern certificó su ruptura horas antes. Puigdemont trabajaba desde la noche del miércoles en una propuesta de convocatoria de elecciones autonómicas con condiciones: frenar el 155; la puesta en libertad de los líderes de la ANC y Òmnium; embridar a la Fiscalía General del Estado, y retirar a los policías y guardias civiles desplegados. La mantuvo ayer por la mañana frente al Govern y el grupo parlamentario y programó el anunció de la convocatoria electoral a las 13.30 h. ERC convocó a su ejecutiva y anunció que abandonarían el Govern si se convocaban elecciones. Los diputados del PDECat Albert Batalla y Jordi Cuminal avanzaban su renuncia y la baja del partido. Algunos alcaldes pusieron el grito en el cielo...
En paralelo, el president no lograba que los mediadores con la Moncloa dieran fe de sus demandas. Las gestiones del lehendakari Iñigo Urkullu o Miquel Iceta no daban los frutos esperados. El retorno era “humillante”, señalaron fuentes del Govern: declaraciones de Xavier García Albiol y de Javier Arenas sin un atisbo de cesión, la Fiscalía oponiéndose a la libertad de los Jordis y el Senado rechazando las alegaciones de la Generalitat. Su decisión fue dar tiempo a nuevos contactos. Primero con una hora de plazo, luego dejando en suspenso la convocatoria de elecciones. La llamada del jefe de su oficina, Josep Rius, al jefe de la oficina de Rajoy, Jorge Moragas, no desembocó en una conversación entre los presidentes. Hasta las 16.30 h. Citó en el Palau de nuevo a Junqueras y Rovira y volvió a virar el relato.
El president optó por replegarse. Compareció a las 17 h con la única compañía de los consellers Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn y bajo la mirada en la distancia de Artur Mas. Dio fe de su disposición a convocar elecciones y de su fracaso en obtener garantías para celebrar unas elecciones “en absoluta normalidad”. “Nadie podrá decir que no he estado dispuesto a hacer sacrificios” para dialogar. Su decisión fue ceder al Parlament la iniciativa política pero también evidenció el sometimiento al 155: “En estas últimas horas, antes de que expire mi potestad para convocar elecciones”...; “he intentado tener en mi presidencia, y en estos días que nos quedan para culminar el camino...”.
Tras la comparecencia, Puigdemont se trasladó al Parlament y los altos cargos del Govern hacían cábalas sobre su futuro. Muchos anunciando una despedida en las próximas horas; otros a disposición del Govern ante su cese inminente por parte de Rajoy.
Entre el martes y el jueves, las elecciones han sido una opción firme para el president en tres ocasiones, mientras que la DUI, aun contando con apoyos, sigue sin encontrar un encaje formal de consenso dentro del Govern y de los partidos. Tampoco en la Mesa del Parlament, apercibida por el Tribunal Constitucional y con querellas en instrucción en el TSJC por desobediencia y prevaricación. Dar el paso hacia la independencia llevaría aparejadas acusaciones de sedición y rebelión, con penas de cárcel de hasta 30 años.
Tras los vaivenes del martes en el seno del Consell Executiu, la convocatoria del president el miércoles por la tarde en el Palau con el Govern, partidos independentistas, el
Estado Mayor del proceso, entidades soberanistas y municipalistas y algunos invitados especiales fue la plasmación de la división del independentismo y de la incompatibili-
dad de caracteres de algunos de sus protagonistas.
El president puso sobre la mesa su disposición a asumir riesgos, como la convocatoria de elecciones autonómicas, si así frenaba “males mayores”. Sus argumentos no fueron otros que la preservación del autogobierno de Catalunya y garantizar la convivencia y la paz social, dando por hecho que podría estar en riesgo. Incluso reforzó su determinación apuntando que si su decisión de trabajar para evitar la intervención de la autonomía ocasionaba algún problema en la mayoría del Govern podía ceder paso a Oriol Junqueras al frente del Ejecutivo catalán para que procediera a declarar la independencia. Con el Govern roto, y la dirección del PDECat pidiendo elecciones, el vicepresident no se dio por aludido. Una investidura era imposible y mucho más compartir estrategia. Algunos de los asistentes lo entendieron como una boutade, pero dejaba en evidencia la tensión del momento.
Al igual que las intervenciones de Marta Rovira, encargada de llevar la voz cantante de ERC en las reuniones con el president. De nuevo desplegó argumentos y emociones, subió el tono, incluso lloró, para manifestar su desacuerdo con la estrategia del president, pero también para lanzar advertencias. Romper el compromiso con la revolución de las sonrisas, vino a decir, era “una traición” y el president se arrepentiría durante mucho tiempo. Era la segunda vez en 24 horas que lanzaba ese mensaje ante Puigdemont.
Rovira había llegado a la reunión no sólo con la férrea disciplina de ERC –los dos consellers republicanos que horas antes habían recomendado elecciones al president no tomaron la palabra–, sino también con el aval del grupo parlamentario, que codirige junto a Lluís Corominas, y que había acabado su reunión con lo más parecido al “a por ellos” con el que se despedía en las provincias españolas a policías y guardias civiles con destino a Catalunya.
En el otro extremo se encontraba, por ejemplo, el conseller Santi Vila, que hizo un llamamiento a evitar como fuera posible el “conflicto civil” y el 155. Su conclusión era convocar elecciones. El resto de consellers del PDECat se manifestaron a favor de las elecciones con más o menos matices, a excepción de Jordi Turull y Clara Ponsatí. También lo hizo la dirección del partido con excepciones como la de Corominas y el líder de la ACM, Miquel Buch.
La reunión se alargó durante siete horas porque el president persistió en sus temores sobre “lo que pueda pasar” en la calle y se aferraba a las elecciones como única vía si se daban determinadas condiciones. El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, intervino en la reunión con un mensaje de Jordi Sànchez. Desde la prisión avalaba la estrategia de convocar elecciones si así se evitaba el 155 y se ponía fin a la “represión” del Estado.
No obstante, en la reunión no explicitó acuerdo alguno, ni principio de garantías. Tampoco lo hizo ayer por la mañana a primera hora, cuando confirmó que se disponía a firmar el decreto de convocatoria de elecciones y que la fecha elegida era el día 20 de diciembre.
Y tampoco hay garantías hoy sobre cómo acabará la sesión en el Parlament. “Nadie se fía”. La jornada había sido “un show desconcertante”, confesaban consellers, diputados y altos cargos tras la convulsa jornada. Puigdemont había delegado la respuesta al Gobierno central en el Parlament y la Cámara vive hoy su particular debate interno. Los letrados del Parlament y el Consell de Garanties Estatutàries han dejado claro en sendos informes que la aplicación del 155 es inconstitucional en los términos en los que se plantea, pero también alertan una y otra vez de que seguir desplegando resoluciones a partir de un referéndum declarado ilegal contraviene las resoluciones del Tribunal Constitucional.
Durante la sesión del debate de ayer, Corominas se limitó a decir que Junts pel Sí pedirá “cumplir el mandato del 1-O, concretando sus efectos e iniciando el proceso constituyente”. La elipsis sobre la declaración de la república planeó sobre el hemiciclo y mantuvo el desconcierto general. El conseller Vila ha puesto en la DUI su línea roja para seguir en el Govern y cerró la jornada en el despacho del president en el Parlament presentando su dimisión, el PDECat seguirá el dictamen del president y ERC sostiene que están dispuestos a someter una declaración a votación para “compartir responsabilidades” y de paso comprometer a sus socios de Govern. Acabado el pleno, la dirección de Junts pel Sí y la CUP se reunían para pactar las resoluciones que hoy se votarán.
Las entidades han convocado movilizaciones para esta mañana y Junts pel Sí ha invitado a sus alcaldes al Parlament, recomendando que acudan con la vara de mando.
“Cada día es un Vietnam”, la frase de Puigdemont de hace un mes servía de epílogo de ayer y prólogo de hoy.