Pronósticos fallidos
Foment del Treball, la patronal catalana que preside Joaquim Gay de Montellà, estaba presta ayer por la mañana para emitir un comunicado saludando la convocatoria de elecciones en Catalunya. Al final, esperó a la intervención del president Carles Puigdemont con el propósito de hacerse eco literal de sus palabras. Como es obvio, el documento ya no vio la luz.
Una gran parte del mundo económico catalán –especialmente grandes bancos y empresas cotizadas, pero también una miríada de empresas más pequeñas con alta dependencia del mercado español– ya ha expresado en las últimas semanas, con los cambios de sede social y fiscal, su temor a las consecuencias de una declaración unilateral de independencia. Pero no es menos cierto que tampoco desea que el malhadado artículo 155 de la Constitución se estrene en Catalunya. “Por algo será que aunque existe en otras constituciones europeas, este precepto no se ha aplicado nunca”, reflexionaba ayer un desanimado dirigente empresarial.
Desde el punto de vista del empresariado y las finanzas, los pronósticos económicos de los líderes del independentismo no han sido nunca el lado fuerte del proceso.
La tesis central de estos últimos ha sido que los mercados e inversores verían con buenos ojos un nuevo Estado catalán, pues sería más solvente y potente económicamente y que la reducción del déficit fiscal de Catalunya con España constituiría una buena noticia para las empresas catalanas. En el ámbito más político, el análisis se completaba con la convicción de que los mercados obligarían a la UE y al Estado español a pactar la independencia sin salir del mercado único ni perder la cobertura del BCE y el euro. Era la manera de asegurarse, seguía el argumento, de que el endeudado Reino de España podría seguir pagando sus deudas a los bancos alemanes y franceses.
Pero, por lo menos hasta el momento, las cosas no han sucedido de esa manera. La transición ordenada que impondrían los mercados no se ha materializado. Tal como están las cosas en esta crítica tesitura, la salida será unilateral o no será.
Y esa dinámica política ha acabado generado inseguridad, sobre todo a los bancos y, también, tensiones comerciales para las empresas que operan en el mercado español, que sigue siendo su principal mercado de referencia. Esa presión, que podríamos calificar de forma suave como socioeconómica, convenientemente ayudada por la mano tendida del Gobierno de Rajoy, está en la base del aluvión de cambios de sede social.
Un recordatorio, por cierto, de que una parte notable de la inversión extranjera que recala en Catalunya lo hace buscando también ese mercado en su conjunto y no sólo una parte del mismo, por muy dinámica y desarrollada que sea esta última.
Los inversores internacionales, por su parte, tampoco se han comportado como estaba previsto. Por ejemplo, las agencias de calificación de deuda. Las Standard and Poor’s, Moodys o Fitch, no han contemplado hasta el momento una posible independencia como escenario posible. En cambio, si que consideran probable una solución en la que Catalunya obtenga una mejora sustancial de la financiación y más competencias políticas esenciales.
Y Europa ha dejado claro que su principal apuesta es la estabilidad, empleando los términos económicos al uso, o el inmovilismo si se prefiere recurrir a referencias más políticas. El caso de Grecia ya constituyó un explícito referente de cómo resuelven en Europa los problemas de pago. Y eso después de masivo un referéndum legal.
El presidente de un banco español ha adaptado una famosa máxima de Keynes (“a largo plazo, todos muertos”) pensando en el caso catalán: “ahora hay que pensar en el mes que viene, y en el siguiente, y en el siguiente”. Empresas y bancos han utilizado el mismo calendario.
Ayer, la bolsa española hizo de termómetro del dinero. Cuando se esperaban elecciones, subió como la espuma. Cuando Puigdemont abrió su comparecencia comenzó a bajar. Aunque no del todo. En parte porque el president no habló de DUI. Lo que algunos brokers leyeron como señal de que aún podía haber negociación.