Propietarios sancionados por ofrecer su piso en Airbnb recurrirán las multas
Un grupo de propietarios particulares multados por ofrecer de forma puntual su residencia habitual en la plataforma Airbnb preparan un recurso judicial conjunto contra la sanción impuesta por el Ayuntamiento de Barcelona porque lo consideran abusivo. Los dueños de estas viviendas fueron sancionados por la administración local con multas de 30.000 euros si se impusieron antes de marzo o de 60.000 si fueron penalizados a partir de ese mes, cuando se incrementó la sanción.
Los afectados se han organizado en una plataforma que se denomina Afectados por el Conflicto entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb (Acaba), que cuenta por el momento con 56 miembros que prevén emprender una acción de nulidad conjunta después de presentar alegaciones y que hayan sido desestimadas, según explicó ayer el abogado y portavoz de la plataforma, Dylan Tarín.
La asociación, que preside Neal Shanahan, ve desproporcionadas estas multas para los casos de particulares que no se dedican profesionalmente a esta actividad y que han alquilado ocasionalmente su residencia habitual, y se consideran afectados colaterales en la lucha del Ayuntamiento contra la especulación. “No se pararon ni a analizar que hay muchos pececitos que se están matando a cañonazos para matar tiburones”, aseveró ayer Shanahan, que destacó que los miembros de la asociación son muy diversos y tienen sus pisos ubicados por todos los distritos de la ciudad.
Los cálculos de la plataforma indican que puede haber unas 500 personas denunciadas por alquilar su primera residencia. En este sentido, Shanahan criticó que muchos de ellos lo hicieron sin saber que era ilegal y podían recibir la multa, ya que pensaban que las sanciones estaban dirigidas a especuladores que usaban el piso para lucrarse a base de alquilarlos a turistas.
Los afectados también acudieron a Airbnb, que les comunicó que en ningún caso era responsabilidad de la plataforma. Sin embargo, lamentan que la plataforma de alquiler vacacional no informe mejor de la regulación y de la posibilidad de recibir una multa, que pasó de ser de 30.000 euros a 60.000 en marzo. Por eso, la asociación critica la posición tomada por la empresa de economía colaborativa. El abogado denunció que “se ha desentendido” de sus usuarios y no les ha ofrecido ningún tipo de ayuda, por lo que Tarín subrayó que “de colaborativa tiene poco”. El abogado sostiene que el Ayuntamiento está cometiendo una “desviación de poder” al imponer estas multas de forma indiscriminada y lamentó que se opte por multar sin antes informar a la persona y darle la oportunidad de retirar el anuncio.
Asimismo, los responsables de la plataforma explicaron que ninguno de los 56 afectados han pagado todavía la sanción porque la han recurrido, y detalló que se han admitido a trámite ocho recursos judiciales mientras que otros todavía no se han presentado porque están en trámites previos.
Con todo, la nueva plataforma defiende que “no se opone” a la voluntad del Ayuntamiento de Barcelona de “erradicar de raíz” el problema de los pisos turísticos ilegales de la ciudad, pero sus representantes insistieron ayer en que no se pueden tratar de la misma manera a todos los usuarios de Airbnb.
Los afectados se han unido en una plataforma para emprender una acción conjunta de nulidad