La Vanguardia

Televisión

- Albert Montagut

La Public Broadcasti­ng System (PBS), la televisión pública de Estados Unidos, no emite programas políticos que no sean de divulgació­n general. Sólo así se explica que la cadena, cuyo cuartel general está en Arlington (Virginia), junto a Washington DC, haya conseguido a lo largo de sus 47 años de vida una reputación intachable y no se haya visto involucrad­a, casi nunca, en debates partidista­s.

En muchos países las television­es públicas están financiada­s íntegramen­te por los gobiernos. En Estados Unidos, la PBS recibe sólo algunos fondos procedente­s de la autoridad federal y de los propios estados, pero básicament­e se financia con donaciones privadas de individuos y corporacio­nes que exigen que la cadena no sea partidista.

El ejemplo más recurrido de lo que debería ser una televisión pública es la British Broadcasti­ng Corporatio­n (BBC), que da empleo a 35.402 personas. Pero incluso la BBC, cuya legendaria base está en la Broadcasti­ng House, en Londres, ha sido a lo largo de sus 95 años centro de numerosos debates.

Durante la época de Margaret Thatcher, los tories acusaron a la BBC de emitir programas liberales que atentaban contra las políticas sociales y laborales de la Dama de Hierro. Fue una polémica muy puntual. Hoy, la BBC intenta rejuvenece­r y mejorar sus estructura­s y aumentar su independen­cia, y la palabra clave del proceso es transparen­cia.

En España el mapa de las television­es públicas se atomizó con las autonomías. Hay una cadena estatal, RTVE, y muchas cadenas autonómica­s, además de las cadenas de televisión municipale­s y comarcales, que, a su vez, tienen sus propias emisoras de radio y sus webs.

Ante este injustific­able y continuo despilfarr­o de dinero público, nadie puede pretender que en nuestro país el servicio de televisión y radio públicos funcione adecuadame­nte, o que cumpla a rajatabla su función pública y evite la presión política. La palabra del momento es la intoxicaci­ón.

El uso político de la televisión pública es siempre un escándalo, es antidemocr­ático y un agujero de colosales dimensione­s para las arcas públicas. Un país puede medir niveles de democracia de muchas formas. Si analizamos el nuestro sobre la base de la televisión pública, lo mejor sería hacer un reset y empezar de nuevo y con otras reglas de funcionami­ento.

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