El Gobierno central se hace con el control efectivo de la Generalitat
Sáenz de Santamaría asume las competencias propias de la presidencia catalana El mayor Trapero, relevado por su segundo, Ferran López, al frente de los Mossos Santi Vila, dispuesto a ser candidato, del PDECat o con otra plataforma
Son sólo los primeros pasos, pero precisamente por ser los primeros eran básicos. De su éxito y efectividad dependía y sigue dependiendo que se pueda aplicar las demás medidas contenidas en los decretos que desarrollan la utilización del artículo 155 de la Constitución, para devolver a Catalunya a la legalidad.
La destitución del president de la Generalitat y de los consellers era la medida más dura y quizá la más difícil de hacer efectiva, y ahí la actuación de los Mossos d’Esquadra era capital. Por esa razón, tras los decretos de cese de todo el Govern aprobados ayer por la noche en el Consejo de Ministros extraordinario, que ya destituía al secretario general de la Consellería d’Interior y al director general de la policía autonómica, el siguiente paso era delicado e importante: la sustitución de Josep Lluís Trapero como mayor de los Mossos. Y llegó rápido.
De madrugada, una vez que uno de los decretos del Consejo de Ministros repartía las competencias de cada uno de los departamentos entre los distintos ministerios, el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido, dictaba una orden con el cese del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero. Pocas horas después se daba a conocer su sustituto, Ferran López, segundo de Trapero, con un marcado perfil profesional que garantiza al Ejecutivo la lealtad institucional que el Gobierno necesita para hacer efectivo el artículo 155.
El hecho de que tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras y los hasta ayer consellers abandonaran sus despachos facilitó, y mucho, reconocen en el Gobierno de Mariano Rajoy, que las medidas puedan aplicarse y que se hiciera sin problemas de orden público. Aún falta por pasar la prueba del lunes, y habrá que ver quien, de entre los destituidos, y no sólo del Govern, sino los más de 150 cargos confianzas ya depuestos, intentan acudir a sus puestos. En cualquier caso, insiste el Ejecutivo, no es lo mismo impedir el paso que sacar a un cesado de su despacho.
Por eso también, cuando se anunció que el ya expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, haría una declaración institucional, el Gobierno no tardó más allá de unos pocos segundos en poder decir que esa comparecencia no era en directo, que Puigdemont no se encontraba en el Palau, y hasta supone enseguida que se trataba de una grabación realizada por la mañana en Girona. El Ejecutivo de Rajoy demostraba así que ya controla el Palau y al Govern destituido. Fue la primera constatación de que ha tomado el mando.
También las palabras de Puigdemont ayudaron en la interpretación que hizo el Ejecutivo de su alocución: no se refirió en ningún momento a su condición de president, ni a que el Govern siguiera en sus funciones. En la Moncloa analizaron si esa intervención suponía una “usurpación de funciones”, el delito que el Ejecutivo cree que puede cometer si hace algún acto o intento firmar alguna orden como president de la Generalitat.
Sólo un cabo quedó suelto, que la televisión pública catalana, TV3, no sólo emitiera la declaración institucional sino que rotuló toda la declaración como la del “president de la Generalitat” (ver la información adjunta).
El Gobierno sabe que en estos momentos exhibir firmeza es importante, pero tiene que ser una firmeza argumentada, porque si no se puede volver contra ellos. Por ese motivo, sobre la intervención no tuvo nada que decir. “Desde el momento de su cese, la calificación de sus conductas corresponde al ámbito judicial”, según fuentes gubernamentales.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy intentó demostrar ayer, con el primer día de aplicación del artículo 155, que ha tomado el mando de la situación en Catalunya. Un mando que ha recaído en la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a la que en el reparto de las competencias no sólo le toca la vi-
PLENOS PODERES
Sáenz de Santamaría asume las funciones de Puigdemont por delegación de Rajoy
NADA QUE DECIR
La Moncloa evita comentar la declaración que hizo ayer el president destituido
cepresidencia que ostentaba Oriol Junqueras, que en las cuestiones económica compartirá con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el de Economía, Luis de Guindos. Cuatro artículos más abajo del que fija las competencia que asume, aparece otro, bajo el rótulo “delegación de competencias”, que establece que “de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el presidente del Gobierno de la nación delega las funciones que se le atribuyen en el artículo 3 de este real decreto en la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Administraciones Territoriales”.
Soraya Sáenz de Santamaría tendrá, pues, la máxima responsabilidad de la gestión de Catalunya, después de haber asumido durante toda la legislatura el peso de las relaciones con el Govern de la Generalitat, sobre todo a través de su relación con Oriol Junqueras, y del diálogo con los distintos sectores sociales de Catalunya cuando la interlocución con la Generalitat se hizo imposible, en lo que para unos fue un fracaso y para otros le permite ahora un conocimiento directo de la situación que le facilitara las tareas.
El viernes por la noche se anunció desde la vicepresidencia del Gobierno una reunión de secretario de Estado y subsecretarios, para coordinar las medidas que adoptar, pero al final se rebajó el nivel, para que no se diera la imagen de un gobierno paralelo en Catalunya.
La reunión la presidió el número dos de Sáenz de Santamaría, el secretario de Estado de administración territorial, Roberto Bermúdez de Castro, y se celebró con los subsecretarios de todos los ministerios, dándole así un carácter más técnico y menos político.
En este encuentro, según fuentes gubernamentales, se estudiaron las distintas actuaciones que se llevarán a cabo en los próximos días, por parte de cada ministerio, para hacer efectivo su control de los distintos departamentos de la Generalitat. Según estas fuentes, cada uno de esos pasos tendrá como fin último “garantizar que el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al orden constitucional y legal vigente; y garantizar el funcionamiento de la administración de la Generalitat de Catalunya y de sus organismos, entes, entidades y sector público empresarial dependientes”.