La Guardia Civil acusa al Cesicat de espiar a políticos y empresarios
La Fiscalía de la Audiencia Nacional señaló que el proyecto era un CNI catalán
La Guardia Civil cree que el Cesicat –el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya– elaboraba informes sobre altos cargos del Govern y empresarios, intervenía correos electrónicos y comunicaciones o colocaba programas espías en teléfonos. Así lo afirma en un atestado que dio origen a unas diligencias en la Audiencia Nacional y que finalmente se han incorporado a la causa que se sigue en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.
En el escrito se puede leer que el Cesicat es una de las estructuras de Estado que se planeaban cara a la independencia, y el fiscal de la Audiencia Nacional lo tildó del “CNI catalán”.
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) fue creado por un decreto del 17 de marzo del 2009, aunque realmente entró en funcionamiento en el 2010, durante la IX legislatura, siendo president de la Generalitat Artur Mas. En principio su finalidad era la ciberseguridad y estaba adscrito a la conselleria d’Empresa, si bien en enero del 2016 pasó a depender directamente de Presidència.
En marzo del 2016, la Guardia Civil remitió un atestado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde describía la posible existencia de un delito de sedición mediante la creación de las llamadas “estructuras
de Estado”. Entre las más relevantes se señalaba el Cesicat, como “una unidad o servicio de ciberseguridad con la asesoría y el apoyo operativo de empresas y servicios externos”.
Según el informe, al mes de iniciar su andadura, el Cesicat ya estaba en el punto de mira por determinadas actividades fuera de contexto, como por ejemplo “encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat”. Estos trabajos los habría subcontratado a terceros y afectaban incluso a miembros del Govern. Serían una cincuentena en total, que incluían datos sobre relaciones personales y empresariales, y se habría llevaexigieron
do a cabo entre primavera del 2012 y junio del 2016. Además, se cita la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control teléfonos móviles mediante un programa llamado Cerberus, que sirve para localizar un terminal.
Asimismo, se describe que solicitó la eliminación de páginas web (no se menciona cuáles) de contenido no delictivo y que no suponían amenaza para los usuarios de la red ni vinculadas con las actividad propia del Cesicat, lo cual la Guardia Civil tilda de censura. Un último apartado se refiere a la creación de bancos de datos de ciudadanos sin el consiguiente permiso ni sujetos a control, además de
acceder a otros bancos de datos “de titularidad ajena a la administración catalana y sin contar, presuntamente, con permiso para ello”.
Una de las consecuencias de la elaboración de bancos de datos sería, por ejemplo, los censos utilizados para la consulta del 9-N, hecho que fue objeto de investigación por parte del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sin que se llegara a encontrar estas listas.
Algunas de estas cuestiones causaron la apertura de investigaciones judiciales, y varias fueron archivadas. El asunto incluso llegó al Parlament, donde PSC y CSQP explicaciones por los actos del Cesicat. En octubre del 2013, el colectivo Anonymous filtró documentos de esta entidad.
El atestado de la Guardia Civil dio lugar a la apertura de unas diligencias de investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos de sedición, malversación de caudales públicos y prevaricación o desobediencia. Para el Ministerio Público, el proyecto era convertir el Cesicat en una Agencia Nacional de Seguridad en el nuevo Estado, una suerte de CNI catalán.
El 7 de septiembre de este año, el fiscal encargado archivó este procedimiento, al conocer que también entraba dentro de la causa que se estaba desarrollando en el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, y remitió la documentación a esta instancia. Ahora, al levantarse el secreto de este sumario, se ha conocido el atestado. De hecho, las pesquisas siguen, y el juez ha ordenado que se entregue a
DILIGENCIAS TRASLADADAS La Audiencia remitió la causa al juzgado de instrucción 13 de Barcelona
la Guardia Civil los 17 contratos suscritos por el Cesicat con empresas privadas, a fin de que sea analizada su finalidad. También se ha requerido el historial laboral de todos los trabajadores de este órgano.
La controversia sobre las actuaciones del Cesicat no son de ahora. En el 2013, por encargo de los Mossos d’Esquadra, rastrearon las redes sociales para identificar activistas. El pasado 30 de septiembre, la Guardia Civil, por mandato del TSJC, entró en la sede de esta organización en l’Hospitalet y se incautó de 29 aplicaciones telemáticas que iban a ser utilizadas para la jornada del 1-O, tanto como censos como para el recuento de votos. Posteriormente se produjo otro requerimiento de un juzgado de Lleida que investiga la supuesta inactividad de los Mossos el día 1. Entonces se buscó los coreos electrónicos entre los mandos de la policía autonómica.
El Cesicat está ahora en el juzgado 13 de Barcelona, que recibió el expediente de Madrid. Vista la evolución de los acontecimientos, no se puede descartar que regrese a la Audiencia Nacional.