Puigdemont se asesora en Bruselas para pedir asilo
El president y cinco consellers cesados contactan con un abogado de etarras El Gobierno asegura que el Ejecutivo catalán acabará ante la justicia
Visita fugaz. Oriol Junqueras, que estuvo al frente de Economia hasta su cese el pasado viernes, abandonaba ayer la sede de la conselleria tras haber acudido a su despacho, donde permaneció poco más de media hora.
“Puigdemont viene ahora…”. Eran las 10.30 h, la ejecutiva del PDECat decidió arrancar la reunión, pero Carles Puigdemont no llegó a la sede del partido en la calle Provença. El president cesado y cinco de los miembros del que fue su Govern hasta el viernes estaban en Bruselas. Un viaje organizado en secreto del que sólo han transcendido sus contactos con el abogado Paul Beckaert, con despacho en Tielt, al oeste de Gante, conocido por las autoridades españolas por evitar la extradición de la etarra Natividad Jauregui. “Si necesita defensa jurídica, seré yo quien le represente”, confirmó a La Vanguardia.
El primer día laborable de la república catalana, el de la normalidad en el retorno al trabajo, acabó con los representantes del bloque independentista confesando su “desconcierto” y “perplejidad”. “Una pesadilla”, confesaban. “Una muestra de absoluta desesperación”, según el PP.
A la hora en la que el fiscal general del Estado anunciaba una querella contra el Govern cesado por los delitos de rebelión, sedición y malversación en la Audiencia Nacional y otra
REFUGIO BELGA El president relevado pretende comparecer hoy desde la capital comunitaria
en el Tribunal Supremo contra la Mesa del Parlament, a Carles Puigdemont se le ubicaba en Bruselas acompañado por Joaquim Forn y Meritxell Borràs, del PDECat, y Toni Comín, Dolors Bassa y Meritxell Serret, de ERC.
En Barcelona, Josep Rull se fotografió a primera hora de la mañana en su despacho de la Conselleria de Territori, con su colección de gadgets de Tintín intacta, y presumió de mantener la agenda. Después se trasladó hasta la sede del partido, pero fue el primero en abandonar la reunión. El líder de ERC aumentó incluso su actividad. Oriol Junqueras acudió a la reunión de la permanente del partido, después fue al Parlament a la reunión de Junts pel Sí y por la tarde acudió a la sede de la conselleria para recoger algunas pertenencias del despacho, según fuentes del Gobierno central. Por la noche, en TV3, confirmó que se había reunido con Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Carles Mundó.
No había relato conjunto, ni argumento, ni justificación en el movimiento de Puigdemont. En la CUP confesaban en público el desconcierto y reclamaban “transparencia”, la misma que en el partido del president cesado, aunque no en público. “No sabemos ni sabíamos nada”, subrayaban en el PDECat intentando encontrar la salida del laberinto. La solución puede estar en una comparecencia pública anunciada para hoy en la capital comunitaria.
Puigdemont se paseó el sábado por Girona con su esposa y amigos, el domingo almorzó con su abogado, Jaime Alonso-Cuevillas, y dejó abierta la posibilidad de asistir al partido entre el Girona y el Real Ma- drid hasta el último momento. Pudo ser una estrategia de despiste porque la escolta que mantiene lo dejó en casa y el siguiente rastro lo sitúa en un vehículo Mercedes y sin escoltas en un rocambolesco trayecto con paso por Marsella, Mulhouse y destino Bruselas.
El president cesado había pedido “paciencia, perseverancia y perspectiva” en un mensaje institucional el sábado, pero ayer lo que suscitó su actuación fue nerviosismo. Su abogado desconocía el viaje a Bruselas y también si Puigdemont pensaba volver. Hace una semana se estudió la posibilidad del exilio belga, pero nadie le dio pábulo como salida al conflicto con el Estado. La huida llega además cuando el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, insta a que se cite de manera urgente al Govern cesado para tomarles declaración como investigados y espera que se tomen medidas cautelares.
El fiscal reclama una fianza o el embargo de bienes por más de 6,2 millones de euros por la celebración del referéndum del 1-O, pero, sobre todo, da pistas de la voluntad de pedir la prisión preventiva para los exconsellers por “la gravedad de los hechos, los delitos imputados, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas”. El mismo tratamiento reclamado y concedido por la juez Carmen Lamela – la misma que recibió ayer la querella– para Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que llevan dos semanas en Soto del Real.
Según la querella, el 1-O constituyó una “insurrección, un levantamiento violento alentado por los querellados, en el que el sector de la población partidario de la secesión, enardecida por sus dirigentes (…) mostró públicamente su resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado”. Y la declaración de independencia votada en el Parlament es “una imposición violenta” de los independentistas. El documento remitido desde la Fiscalía llevaba por nombre “Más dura será la caída”.
Sin president ni Govern, el traspa-
so de la gestión autonómica se puso en marcha en la segunda línea de la Administración. Secretarios y directores generales mantuvieron contactos fluidos con los responsables de cada ministerio. El único que se hizo público fue la reunión entre el ministro del Interior, José Ignacio Zoido, y el nuevo jefe de los Mossos, Ferran López. Una imagen que buscaba dar normalidad al relevo al frente de la policía catalana mientras que el resto de ministerios optaba por la discreción. El personal eventual cesado junto al Govern accedió a sus despachos para recoger sus efectos personales con la advertencia de que cualquier acto administrativo podía ser comunicado a la autoridad judicial. No hubo problemas. Se diferenció entre el “sentirse” cesado y el “estarlo”.
La prueba de que se acataba la intervención de la Generalitat también pasaba por los partidos. El PDECat formalizó su propósito de concurrir a las elecciones convocadas por Mariano Rajoy para el 21-D y ERC garantizó que participará, aunque sin querer comprometer la fórmula. Ni siquiera los cuperos descartan su presencia en unos comicios que los dos partidos de izquierda califican de “trampa”.
Entre los herederos de CDC se asumió de manera unánime la participación en las elecciones, y sólo las intervenciones de Josep Rull, Lluís Corominas o Francesc Homs defendieron la conveniencia de una lista conjunta. La exconsellera Neus Munté señaló que debería tenerse en cuenta esa posibilidad. El partido tiene un póquer de candidatos –San-
HACIA EL 21- D La posición de ‘los Jordis’ sobre una candidatura electoral será determinante
ti Vila, Rull, Munté o Mercè Conesa– pero las estrategias que lideren pueden ser contradictorias. Vila, tras cesar en el Govern, sostiene que irá a las elecciones bajo el paraguas del PDEcat o con una plataforma propia, lo que acabaría por romper el partido. No obstante, también se asume que la posición de Puigdemont y de los Jordis desde la prisión puede ser clave para determinar la fórmula electoral final.
ERC mantiene las cartas ocultas, pero con las encuestas con viento a favor podría imponer su posición y aprovechar para arrastrar a su órbita nuevos elementos como la facción catalana de Podemos con AlbanoDante Fachin. El tipo de candidatura, sostienen fuentes del bloque independentista, deberá tener en cuenta que “Rajoy ha planteado las elecciones como plebiscitarias”, así que la clave que quieren imponer en Esquerra es la defensa de la república y huir del cálculo de los partidos tradicionales.
El Consejo de Ministros lanzará hoy el proceso electoral, aunque ahora lo que preocupa es una crisis con Bélgica si Puigdemont acaba por pedir asilo. No había orden de detención, así que no se podía impedir su viaje. En la Moncloa sostienen que no se dan los supuestos que permitan dotar al president cesado de esa condición, pero la primera decisión estaría en manos del comisariado de Refugiados y Apátridas.