El fiscal acusa al Govern de rebelión porque estima que usó “vías violentas”
Las querellas del ministerio público piden citar a los investigados con urgencia
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, presentó ayer una querella contra el destituido Govern de la Generalitat y otra contra los miembros de la Mesa que tramitaron la declaración unilateral de independencia (DUI). Las dos querellas se centran en el delito de rebelión porque estiman que quienes impulsaron el proceso de desconexión sí recurrieron a “vías violentas” y no sólo políticas y pacíficas para conseguir sus fines.
La Fiscalía pide que se cite a los querellados con urgencia y que se les detenga si no acuden al llamamiento judicial. La pena que corresponde al delito de rebelión puede alcanzar los 30 años de prisión.
Desde el principio, la posible acusación de rebelión ha sido polémica, precisamente porque se trata de un tipo penal que requiere la existencia de un alzamiento que haya sido público y violento. Especialmente por la supuesta falta de este requisito, la Fiscalía dedica sus mayores esfuerzos argumentales a tratar de probar que a lo largo del proceso puesto en marcha para la desconexión de España hubo siempre disposición a utilizar procedimientos violentos. Y de todo ello hace responsables a quienes hicieron posible la aprobación de la DUI.
Los escritos del fiscal dejan la puerta abierta a que los hechos se consideren en paralelo constitutivos de otros delitos, como los de sedición y malversación de fondos públicos, que calcula en 6.207.450 euros. Pero a juicio de la Fiscalía lo más relevante es que el Tribunal Supremo (TS) –que recibió la querella contra los citados miembros de la Mesa que siguen aforados– y la Audiencia –donde se presentó la relativa al Govern– asuman la tesis de que quienes hicieron posible la DUI desarrollaron a lo largo de los dos últimos años una intensa labor política para alentar “una insurrección” y “un levantamiento violento” con el fin de celebrar el referéndum del 1-O y con ello, alcanzar la independencia de Catalunya.
Los querellados –sostiene la Fiscalía– “procuraron la movilización social, el apoyo de la policía autonómica, el control del presupuesto necesario y la utilización de vías violentas para impedir la oposición por parte de las fuerzas del orden público”. Añade el fiscal que contaron con el auxilio de la ANC y Òmnium para llamamientos de “movilización popular” como “medio intimidatorio y violento para conseguir el
LA TESIS CENTRAL La querella sostiene que la “movilización” se usó como “medio intimidatorio” LA DISTRIBUCIÓN La denuncia contra el Govern va a la Audiencia y el TS recibe la de la Mesa
LAS ALTERNATIVAS La Fiscalía menciona que los hechos pueden suponer delitos de sedición y malversación
fin secesionista”. Y se vuelve a aludir al recurso a la violencia al sostener que los querellados “sabían que en un eventual referéndum ilegal sólo participarían, mayoritariamente, los ciudadanos partidarios de la independencia de Catalunya” y para ello utilizaron “la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población”.
Una nueva mención a este tipo de argumentos añade que con la declaración de independencia lo previsto era que Puigdemont asumiera el mando de los Mossos d’Esquadra en “exclusiva”. Para la Fiscalía, ello “supone implícitamente la potencial utilización de dicha fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución española en Catalunya”.
El defensor de Puigdemont, el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, consideró ayer “artificiosa” la armazón de las querellas y su tesis central sobre la disposición al uso de la violencia para lograr la independencia de Catalunya. El propósito de las defensas es cuestionar la competencia del TS y la Audiencia Nacional y plantear que se ocupe del caso el TSJ de Catalunya.