Los temas del día
Los planes anunciados por Carles Puigdemont desde Bruselas, y las previsiones pesimistas sobre el cumplimiento de los acuerdos de París contra el cambio climático.
AUNQUE destituido el pasado viernes, y por tanto inhábil según la legislación española vigente en Catalunya, el Govern sigue siendo una caja de sorpresas. La última nos la brindó ayer Carles Puigdemont desde Bruselas. El cesado presidente de la Generalitat anunció allí que, en adelante y por un periodo indeterminado, la mitad del que era el Govern residirá en la capital belga, y la otra mitad, en Barcelona. Sabíamos de gobiernos al uso, disueltos o en el exilio. Pero es una novedad esta variedad de gobierno que, ya depuesto, decide seguir activo en doble sede. Y no acabaron aquí las sorpresas: anoche los exiliados parecían a punto de regresar a Barcelona.
¿Qué ha llevado a Puigdemont a ejecutar tan singular pirueta? Es plausible atribuirla al 155. También a las intimidantes querellas de la Fiscalía General del Estado contra el president y sus consellers, contra la presidenta del Parlament y su Mesa, con severas peticiones de cárcel. Y quizás también a que la convocatoria de autonómicas para el 21-D sorprendió a los independentistas sin planes de contingencia. Ahora bien, al decir de Puigdemont, dicha pirueta obedecería sobre todo a cuatro objetivos: denunciar el supuesto déficit democrático del Estado español desde la capital comunitaria, seguir trabajando en el interior (algo imposible si no se dispone de los medios para ejecutar las decisiones), enfrentarse políticamente a los requerimientos de la justicia y, por último, asumir el 21-D convocado por el Gobierno como un reto democrático.
Vayamos por partes. Respecto a la voluntad de Puigdemont de usar Bruselas como un altavoz de alcance europeo, diremos que su posibilidad de éxito es limitada. La Unión Europea en su conjunto, y sus principales países en particular, han mostrado ya al independentismo poca receptividad ante sus acciones que vulneran la unidad de España –no tanto por esto como por el efecto contagio que pudieran tener en otros países comunitarios–, y en cuya materialización se han atropellado la ley y los derechos de la oposición catalana. El primer ministro belga recalcó ayer que Puigdemont estaba en su país en virtud del acuerdo Schengen de libre circulación, y en ningún caso por invitación de su Gobierno.
Respecto a la voluntad de seguir trabajando en Catalunya, lo cierto es que la gran mayoría de consellers cesados que permanecen en Barcelona no van a su despacho y que el Gobierno va tomando las riendas de la Generalitat.
El frente judicial es otra cosa, más preocupante. Puigdemont insinuó ayer que no eludiría la acción de la justicia (ni pediría asilo político). Pero también que no volvería si no ve garantía de imparcialidad judicial. Luego, por la tarde, se supo que él y los exconsellers deberán declarar ante la Audiencia Nacional mañana y pasado mañana. Si van, corren el riesgo de ir a prisión preventiva, lo que tendría serios efectos sobre la campaña del 21-D. Si no van, se dictará contra ellos orden de detención.
Por último, sí es verdad que los miembros del depuesto Govern, o de Junts pel Sí, tienen mucho trabajo ante el 21-D, preparando coaliciones o candidaturas. Además, los plazos apremian y no admiten dilaciones.
Todo ciudadano libre de obediencia partidista ve la aplicación del 155 como un punto de inflexión. No trajo el fin del independentismo, pero sí del proceso soberanista de los últimos años. Puigdemont se resiste a admitirlo. Prefiere creer que el Govern sigue activo, mientras acepta el 21-D y, así, acata el nuevo orden. Puigdemont está facultado para exponer sus planes, en Bruselas o aquí. Para exiliarse y volver, o no. Pero la imagen que ha dado en la capital belga no favorece en nada a su país, ni atenúa la incertidumbre.